El diputado provincial Roy López Molina, del PRO, propuso endurecer los requisitos para los juicios abreviados y el gobierno de Miguel Lifschitz tomó nota. Ayer, el ministro de Justicia de la provincia, Ricardo Silberstein, anticipó que el Ejecutivo planea regular y acotar la utilización de ese instrumento, que está en manos de los fiscales del nuevo sistema penal. Desde ayer el proyecto está a consideración del gobernador.
López Molina planteó su reclamo a partir de dos casos emblemáticos: la causa Monos y el ataque a balazos al domicilio del ex gobernador Antonio Bonfatti, ambos resueltos mediante juicios abreviados.
“Lo que debería ser la excepción, se transformó en regla: entre 2014 y 2015 se celebraron 1.442 acuerdos abreviados contra tan solo 26 juicios orales”, aseguró.
El proyecto de López Molina consiste en reformar algunos artículos del nuevo Código Procesal Penal de la provincia, vinculados a los requisitos para la realización de juicios abreviados. “El fallido acuerdo con la banda de Los Monos encendió una luz de alarma sobre los riesgos de un procedimiento que se convirtió en el principal método para resolver casos en el nuevo modelo de enjuiciamiento de delitos santafesinos”, explicó.
“Al no tener ningún límite legal previsto, se hizo uso y abuso del procedimiento abreviado”, amplió el legislador.
Consultado por El Ciudadano, Silberstein indicó que el juicio abreviado es “un instituto utilizado en casi todo el mundo” y agregó: “Entendemos que debe ser regulado y por eso vamos a presentar un proyecto para acotar su utilización. La idea no es eliminar el juicio abreviado, sino que haya mayor rigurosidad en su aplicación. No solamente tenemos que mirar los juicios abreviados, sino también los criterios de oportunidad. Muchas veces se ha utilizado esta herramienta de manera disfuncional. Y también debe mirarse con mucho cuidado el tema de las prisiones preventivas”.
“Tenemos que entender lo que pasa cuando se retoca un Código de Procedimiento”, añadió. “Es como un reloj: tocarlo implica tener en cuenta decenas de artículos que pueden verse afectados. Hay que tener mucho cuidado, por eso hemos estado trabajando durante tres meses en función de la experiencia y de lo que nos han sugeridos los fiscales y los jueces”.
