El Juzgado de lo Mercantil número 15 de Madrid consideró que el emporio de Mark Zuckerberg se aprovechó del alcance de las plataformas para usar sin consentimiento información personal y de actividad para vender publicidad, violando normas europeas. Y que así perjudicó a 87 medios y agencias de noticias al quitarles una porción de sus ingresos. En España, además, le piden explicaciones por supuesto espionaje a través de un sistema oculto de rastreo en dispositivos móviles
Un juzgado de Madrid emitió un histórico fallo que sienta precedente: condenó a la empresa Meta a pagar 479 millones de euros (552 millones de dólares) a 87 compañías editoras de prensa digital española y agencias de noticias. Es por haber obtenido una ventaja competitiva publicitaria para sus redes sociales Facebook e Instagram en base a los datos personales de sus usuarios. Una maniobra comercial, señala la medida judicial, desleal y que viola las normas europeas de protección de datos.
La sentencia fue emitida este miércoles y publicada un día después por el Juzgado de lo Mercantil número 15 de Madrid. El fallo acepta en forma parcial las pretensiones de los medios agrupadas en la Asociación de Medios de Información (AMI), que reclamaban 551 millones de euros (635 millones de dólares). La medida entiende que Meta utiliza indebidamente datos personales protegidos de los usuarios de Facebook e Instagram para insertar publicidad en esas redes sociales.
Según lo dictaminado por el juez, el gigante tecnológico estadounidense, también propietario de Whatsapp, «utilizó entre el 25 mayo de 2018 y el 31 julio de 2023 datos personales sin un consentimiento válido para así reforzar su negocio publicitario y restar ingresos a los medios de información».
La resolución considera que estas prácticas incumplen el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) europeo, una infracción que le dio una ventaja competitiva y «desleal» respecto al resto de los medios digitales y las agencias de noticias. Y ello, por «abuso de dominio» basado en «el enorme volumen de la base de datos de usuarios de Meta en España».
Para la justicia de Madrid, el imperio de Mark Zuckerberg utilizó indebidamente su «ventaja significativa» porque «pudo tratar una cantidad de datos de cada usuario mucho mayor que si hubiera utilizado la base del consentimiento» a la que obliga el reglamento europeo. Es que, de cumplir con esa normativa, tendría que haber recabado «el consentimiento explicito del usuario». De cada usuario.
El dinero ganado por Meta, infringiendo el reglamento según la Justicia, deberá repartirse al resto de los competidores del mercado publicitario español. El fallo señala que ello debe ser en función de la cuota de mercado que tenía la prensa digital durante los cinco años considerados.
El caso abrió un precedente en el sector publicitario ibérico y podría tener implicaciones en el ámbito europeo, ya que afecta al tratamiento de datos en plataformas de gran escala y a la competencia en el mercado digital.
Un vocero de Meta adelantó que la medida será apelada porque la empresa considera que responde a una acusación «infundada» y que no hay «prueba del supuesto perjuicio». Además, sostuvo que la decisión judicial «ignora deliberadamente cómo funciona la industria de la publicidad online».
La firma con sede en la localidad californiana de Menlo Park aseguró que cumple «todas las leyes aplicables». Agregó que ofrece «opciones claras e información transparente» a los usuarios, a los da «una serie de herramientas para controlar su experiencia» dentro del espacio de sus servicios.
La sentencia de Madrid se conoció un día después de que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunciara que responsables de Meta van a ser citados en el Congreso para que identifiquen responsabilidades ante la vulneración de la privacidad de usuarios por haber rastreado sin permiso la navegación en teléfonos móviles.
La citación obedece a una investigación según la cual la plataforma digital espió a millones de usuarios sin su consentimiento. Y que lo hizo mediante un sistema oculto que permitía rastrear las actividades en internet. Incluso, a quienes navegaban en modo privado o usando una VPN (red privada que oculta la dirección IP real).
El presidente Sánchez manifestó que, por su gravedad, el supuesto espionaje no debe quedar impune. Y anunció que los responsables de Meta deberán rendir cuentas ante la comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso.
«En España la ley está por encima de cualquier algoritmo o de cualquier gran plataforma tecnológica», argumentó Sánchez. Y avisó: «Quien vulnere derechos, pagará las consecuencias».
Meta, a través de un comunicado, se mostró dispuesta a colaborar de «forma constructiva» con las autoridades españolas. Y enfatizó que se «toma muy en serio» la privacidad. Y que ofrece diversas herramientas a los usuarios para ayudarlos a controlar cómo se utilizan sus datos.
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