Justicia inhumana: después de un mes liberan a un enfermo terminal y piden investigar a la fiscal y al juez

En una resolución que marca un fuerte precedente sobre la proporcionalidad de las medidas judiciales, el juez de Cámara Javier Beltramone ordenó la inmediata libertad de Carlos P., un hombre de 69 años que padece una enfermedad terminal. Al mismo tiempo, el magistrado solicitó que se investigue el desempeño de la fiscal y el juez de primera instancia que intervinieron en el caso, por considerar que la detención fue excesiva dadas las condiciones de salud del acusado.

El origen del conflicto

Los hechos se remontan al pasado 27 de diciembre en una vivienda de Granadero Baigorria. Tras un altercado doméstico entre Carlos P. y su hijo Iván —quien padece consumos problemáticos de estupefacientes—, el personal policial acudió al domicilio y procedió al secuestro de armamento, entre el cual se encontraba una pistola ametralladora calibre 22 con silenciador.

Pese a que la familia advirtió sobre el delicado estado de salud del hombre, el 30 de diciembre la fiscal Ana Julia Milicic solicitó la prisión preventiva efectiva. El juez de primera instancia, Fernando Sosa, avaló el pedido y dictó la medida por un plazo de 90 días, enviando al enfermo terminal a un pabellón común.

Un fallo por la dignidad humana

La situación generó un desesperado pedido de la hija del imputado, quien a través de medios de comunicación imploró por la libertad de su padre: «Necesita quimioterapia. No quiero que se muera ahí adentro».

Finalmente, este lunes, el juez Beltramone revirtió la situación de manera tajante. En sus fundamentos, el camarista señaló que existían múltiples alternativas legales menos gravosas antes de enviar a un paciente oncológico a la cárcel. Ante lo que consideró una falta de criterio judicial, tomó las siguientes medidas:

• Remisión al MPA: Envió copias de la audiencia al fiscal auditor y al fiscal regional para que se revise el accionar de la fiscal Milicic.

• Denuncia ante la Corte: Elevó las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe para que evalúe la conducta del juez Sosa.

«La situación admitía cualquier medida alternativa menos gravosa que la resuelta», sentenció Beltramone durante la audiencia.

Estado actual de la causa

Carlos P. ya se encuentra fuera del establecimiento penitenciario para continuar con sus cuidados paliativos en su domicilio. Mientras tanto, el proceso por tenencia ilegítima de arma de fuego seguirá su curso, pero con el foco puesto ahora en la responsabilidad administrativa y ética de los funcionarios que permitieron que un enfermo terminal pasara sus últimos meses tras las rejas.