La AFA se presentará como querellante en la causa en la que Tofoni y Foster Gillett están imputados por lavado

La Asociación del Fútbol Argentino dará un nuevo paso en el frente judicial que mantiene abierto con Guillermo Tofoni. El próximo lunes, la entidad que preside Claudio Tapia se presentará como querellante en la causa que investiga presuntas maniobras de lavado de activos y en la que fueron imputados el empresario Guillermo Tofoni y el magnate estadounidense Foster Gillett.

La decisión marca un cambio de escenario. Hasta ahora, Tofoni había ocupado el centro de la ofensiva judicial contra la AFA con denuncias impulsadas tanto en la Argentina como en los Estados Unidos. Ahora será la propia asociación la que buscará tener un rol activo en un expediente que lo tiene bajo investigación.

En la entidad consideran que existen elementos suficientes para que la AFA intervenga directamente en la causa, no sólo para proteger los intereses de la institución sino también para impulsar medidas de prueba y seguir de cerca una investigación que podría tener derivaciones sobre distintas operaciones vinculadas al fútbol argentino y consecuentes perjuicios sobre los intereses sobre los que debe velar la AFA.

Una causa robusta

La investigación en las que están imputados Tofoni y Gillet se inició a partir de una denuncia impulsada por el fiscal federal Guillermo Marijuán y, tras las primeras medidas de prueba, el expediente quedó radicado en el fuero Penal Económico. La causa tramita actualmente en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 1, a cargo de Marcelo Aguinsky, con intervención del fiscal Emilio Guerberoff, quien lleva adelante la pesquisa por presunto lavado de activos.

En ese expediente además de Tofoni, también fue imputado Gillet, el empresario estadounidense que desembarcó en el mercado local prometiendo inversiones millonarias y revolucionar el sistema de transferencias. Sin embargo, varias de esas operaciones quedaron frustradas o envueltas en fuertes polémicas, mientras la Justicia comenzó a reconstruir el circuito financiero detrás de esos movimientos.

Vale la pena recordar que la figura de Foster Gillett irrumpió con fuerza en el fútbol argentino a partir de un millonario esquema de inversiones que tuvo a Estudiantes de La Plata como principal plataforma. Prometió revolucionar el mercado de pases con desembolsos inéditos y participó en negociaciones por futbolistas como Cristian Medina, Facundo Farías, Ezequiel Piovi, Valentín Gómez y Rodrigo Villagra. Sin embargo, varias de esas operaciones terminaron frustradas, otras quedaron envueltas en controversias por incumplimientos y, con el correr de los meses, el empresario desapareció de la escena pública sin ofrecer explicaciones sobre el destino de los negocios que había anunciado ni sobre los compromisos económicos asumidos. Ese accionar es ahora uno de los ejes que la Justicia busca reconstruir en la investigación por presunto lavado de activos.

La causa intenta determinar si existieron maniobras compatibles con el delito de lavado de activos a partir de negocios relacionados con pases de futbolistas y estructuras societarias utilizadas para concretarlos. En ese contexto, los investigadores analizan documentación bancaria, contratos y movimientos de fondos para establecer el origen y destino del dinero.

La presentación de la AFA como querellante también representa un mensaje político. La conducción de Tapia entiende que, después de meses de denuncias públicas y judiciales impulsadas por Tofoni contra la asociación, llegó el momento de que sea la Justicia la que investigue las actuaciones del empresario y de quienes participaron de esos negocios.

No es un dato menor que la decisión llegue mientras Tofoni mantiene una intensa actividad mediática y judicial contra la AFA. En la asociación sostienen que muchas de esas denuncias formaron parte de una estrategia para desgastar a la conducción del fútbol argentino. Ahora, con la AFA dentro del expediente, buscarán participar de cada una de las medidas que disponga el juzgado y aportar elementos para el esclarecimiento de los hechos.

La expectativa en la AFA es que la incorporación como querellante permita acelerar la producción de prueba y seguir de primera mano una causa que recién comienza, pero que podría abrir un nuevo capítulo en la disputa judicial entre la conducción de Claudio Tapia y Guillermo Tofoni.

Tofoni, complicado en Estados Unidos por uso indebido de información

La situación judicial de Guillermo Tofoni tampoco atraviesa su mejor momento en los Estados Unidos. En el marco de la demanda que mantiene contra la AFA en el Tribunal Federal del Distrito Medio de Georgia, el juez Clay D. Land le asestó un duro revés al rechazar un pedido para utilizar en la Argentina documentación obtenida durante el proceso de discovery. El magistrado entendió que esa información estaba alcanzada por una orden de confidencialidad y que no podía ser empleada en otros procesos sin autorización judicial.

En su resolución, el juez dejó en claro que Tofoni incumplió las restricciones impuestas por el tribunal al intentar utilizar ese material fuera del expediente estadounidense y le ordenó cesar cualquier uso indebido de la documentación obtenida durante el litigio. El fallo representó un fuerte cuestionamiento a la estrategia judicial del empresario, quien desde hace meses impulsa denuncias contra la AFA tanto en la Argentina como en los Estados Unidos y ahora enfrenta, además, una investigación penal por presunto lavado de activos en la Justicia argentina.

La resolución del juez Land también dejó abierta la posibilidad de aplicar sanciones por desacato si Tofoni incumple las órdenes impartidas por el tribunal. En el sistema judicial estadounidense, la violación deliberada de una orden de confidencialidad puede derivar en multas, sanciones económicas e incluso penas de prisión en los casos más graves de desacato. Si bien hasta el momento no existe una condena ni un proceso específico por desacato contra el empresario, el fallo lo colocó bajo apercibimiento de afrontar consecuencias más severas en caso de persistir en el uso no autorizado de la documentación protegida.

Fuente: Data Clave