La Asamblea Lesbotransfeminista de Rosario reclamó formalmente que la Cámara de Diputados de Santa Fe no avance con el proyecto de Ley de Prevención, Protección y Gestión Integral del Riesgo frente a la Violencia de Género impulsado por el gobierno provincial. La iniciativa, impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro, ya cuenta con la media sanción del Senado. Sin embargo, desde la organización sostienen que el texto “no da respuesta a las reales necesidades”, representa un avance hacia “un estado represivo” y genera un “retroceso peligroso en la comprensión de la violencia de género”.
Según el análisis realizado por la Asamblea, el articulado del Ejecutivo resulta regresivo en comparación con la Ley Nacional N° 26.485 y normativas internacionales de rango constitucional como la Convención de Belém do Pará y la CEDAW. Activistas que acompañan diariamente a víctimas en el territorio señalaron que la propuesta oficial emplea términos neutros como “persona protegida” o “persona afectada”, omitiendo mencionar de forma explícita a las mujeres, las infancias y las disidencias. Para la agrupación, esta omisión «no es casual» y demuestra que no se ha considerado la raíz patriarcal del problema, mientras que objetaron que el texto explicita la creación de tres cargos de funcionarios «que nadie pidió», ofreciendo «poco y nada» para las víctimas.
Asimismo, las integrantes de la Asamblea cuestionaron que el proyecto replique la política de seguridad general del gobierno provincial, priorizando una intervención estatal basada en la vigilancia policial y judicial centrada en la denuncia, por encima de la prevención primaria y el acompañamiento territorial. En ese sentido, advirtieron que el modelo propuesto desconoce la realidad estadística que indica que apenas el 14% de las víctimas de femicidio en la provincia había radicado una denuncia previa.
A su vez, advirtieron sobre deficiencias técnicas en el texto aprobado por el Senado, al cual calificaron como «un mal proyecto de ley» con redacción confusa, contradicciones con la normativa vigente, afectación de garantías constitucionales, invasión del Sistema Penal Acusatorio y un menoscabo a la autonomía de las víctimas.
Frente a este escenario, la Asamblea Lesbotransfeminista expresó su apoyo al proyecto de emergencia en violencia de género presentado por la diputada Claudia Balagué, así como a las iniciativas de la diputada Lucila De Ponti, las cuales precisan dispositivos, plazos y garantías materiales indispensables para asegurar la autonomía económica de las víctimas.
Finalmente, al recordar que el movimiento de mujeres de Rosario se encuentra en estado de alerta ante el registro de 43 femicidios y transfemicidios en lo que va del año, el colectivo reiteró su pliego de reclamos centrales: duplicar los recursos para dispositivos territoriales, realizar campañas masivas, otorgar asignaciones económicas y acceso a la vivienda, y brindar patrocinio jurídico gratuito. En esa línea, exigieron ser escuchadas e incorporadas formalmente en el debate parlamentario, remarcando que la participación ciudadana representa «la verdadera democracia».
