Tras la caída de la concesión a privados por el no cumplimiento de obras, la administración había sido puesta en manos de un fideicomiso del Banco Municipal de Rosario. Desde este miércoles pasa a manos de Vialidad Provincial, por un año, pero la idea es que no se mueva más del Estado, por ley
Desde este miércoles la administración y operación de la AP-01 “Brigadier General Estanislao López”, la autopista Rosario-Santa Fe pasará al Estado: estará a cargo de Vialidad Provincial por el término de un año conforme al decreto 295/20. Y durante ese plazo, es decir hasta abril de 2021, el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la provincia elaborará el modelo definitivo de gestión del corredor, para su remisión a la Legislatura. El proyecto prevé la conformación de un ente societario cuyo capital accionario esté íntegramente en manos del Estado provincial, y con carácter intransferible.
Desde la cartera productiva explicaron que se tomó la decisión de hacerse cargo de la autopista en primer lugar por la finalización del vínculo con la concesionaria –expiró este martes 31 de marzo– y, en segundo lugar, «porque se pueden optimizar mejor los recursos, teniendo en cuenta que las obras de reparación y carpeta las viene desarrollando la Administración General de Vialidad Provincial».
El Ministerio se refirió así a las obras que nunca concluyó el privado y que determinaron la caída de la concesión en manos de la firma Arssa, cundo después de 24 años la autopista pasó al Estado. A mediados de 2017 fracasó un intento de volver a licitar el corredor, y la provincia se hizo cargo de la repavimentación que no concretaron los privados, mientras la administración quedó en manos de Vial Santa Fe, un fideicomiso del Banco Municipal.
“Hasta ahora, el Banco Municipal de Rosario –como administrador del fideicomiso que concesionaba la autopista– cobraba como canon el 2% de todo lo recaudado. Sólo en enero de 2020 el Banco cobró $2.366.888 más $1.675.563 de gastos bancarios. Es decir, además de gastos bancarios, cobraba más de $2 millones de comisión. Desde mañana ese dinero vuelve a la provincia”, explicó la ministra de Infraestructura, Silvina Frana.
Y agregó: “La intención es que en el plazo de un año podamos tener sancionada una ley que autorice la constitución de una Unidad Ejecutora con participación mayoritaria del Estado para administrar la autopista”.
En el mismo sentido, el administrador general de Vialidad Provincial, Oscar Ceschi, indicó que desde que se constituyó el Fideicomiso de Administración de la Autopista Provincial, el 1º de julio de 2017, «el gobierno de Santa Fe, a través de Vialidad Provincial, se hizo cargo de las obras, ejecutando a la fecha unos 130 kilómetros de repavimentación por un monto de 3.925 millones de pesos, y bacheos por otros $440 millones”.
La idea es generar un ahorro que fluya hacia la inversión. Y en esa línea, Ceschi reparó: «En relación a las observaciones que se plantearon hacia la administración de la autopista durante los últimos años, el decreto 295/20 del Ejecutivo indica la realización de una revisión de todas las actuaciones a través de la Sindicatura General de la provincia y Tribunal de Cuentas”.
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