La avalancha china profundiza el rojo comercial y destruye industrias: cierres, despidos y alarma por la apertura importadora

Durante los primeros diez meses de 2025, y en medio de una profundización de la apertura económica dispuesta por el gobierno nacional, Argentina registró importaciones provenientes de China por casi 15.000 millones de dólares. Esto representa un salto del 61% respecto del mismo período del año anterior y un déficit comercial con la potencia asiática de 7.266 millones de dólares. Los datos de intercambio comercial comienzan a reflejarse en la realidad productiva nacional y, particularmente, en la dinámica provincial. Mientras algunos intentan afrontar el nuevo contexto con la cancha inclinada en contra, otros ya iniciaron procesos de desmantelamiento o cierre, con despidos que, en los casos conocidos esta semana, suman al menos 277 nuevos desocupados en el país.

En los últimos días se amplificaron las voces del sector industrial que advierten sobre las consecuencias de la apertura importadora. Uno de los que sostiene esta postura desde hace tiempo, a diferencia de la dirigencia nacional que elige la prudencia, es Rafael Catalano de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario (AIM), quien reconoció a este medio una profunda preocupación por el futuro laboral de los trabajadores industriales. A su vez, el referente de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), Walter Andreozzi, se sumó a las advertencias y aseguró que “la tormenta viene”.

Durante la semana se conoció que el grupo Metropol importó 150 colectivos provenientes de China. La compañía abastece parte de la flota que circula en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y tiene como proveedoras a carroceras nacionales. El aluvión de unidades importadas desde Asia despierta incertidumbre sobre el nivel de demanda para el sector carrocero, con fuerte arraigo en el Gran Rosario. Por ahora, las empresas del rubro optan por la cautela y evitan manifestarse públicamente.

A esta situación se suman los casos de Whirlpool, que cerró su planta de lavarropas en Pilar, despidió a 220 trabajadores y decidió concentrarse en la importación; y de DBT-Cramaco (productora de alternadores y grupos electrógenos) que anunció el desmantelamiento de su planta en Sastre, lo que implica el despido de 37 empleados (el 90% de su personal) para dedicarse también a la importación desde China. Por su parte, la textil Tn Platex de Monte Caseros (Corrientes) informó el cierre de una de sus líneas de producción, lo que ocasionó 20 despidos y la re ubicación de otros 16 operarios. 

Son postales de una película que viene desarrollándose desde hace meses, a partir de la decisión del gobierno nacional de profundizar la desregulación y una apertura comercial sin restricciones. Muchas empresas celebraron el cambio, que eliminó barreras arancelarias que dificultaban el ingreso de insumos importados para su producción. El problema es que buena parte de ese flujo de bienes también compite, y de manera desfavorable para la industria local, con su propia oferta.

Empresarios locales insisten en que, si esta es la política que seguirá el gobierno, sería necesario “equilibrar la cancha” con algún tipo de alivio tributario. Quienes intentan sobrevivir a la competencia desleal y, al mismo tiempo, aprovechar ciertas ventajas de la apertura se apoyan en la fidelidad de sus clientes y en el servicio posventa y de mantenimiento como diferencial. Pero, más allá de la capacidad de adaptación o reconversión, todos coinciden en una misma amenaza: quedarse sin demanda en el mediano plazo.

La agenda del gobierno en otros sectores

Mientras tanto, el gobierno nacional continúa enfocado en apoyar sectores como la minería, la energía y el agro, mediante diversos incentivos orientados a la generación de divisas y al aprovechamiento de su potencial. Sin embargo, se trata de actividades que no se caracterizan por ser grandes generadoras de empleo.

Un informe reciente del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), basado en datos de la Secretaría de Trabajo de la Nación, señaló que el agro, la energía, la minería y los servicios informáticos y del conocimiento concentran aproximadamente el 10% del empleo asalariado registrado en el sector privado. Por su parte, la industria y la construcción aportan el 25%, mientras que el comercio y los servicios explican el 65% restante.

Estas cifras exponen los riesgos que conlleva abandonar el impulso al entramado fabril nacional. Esa orientación de la política económica también ayuda a explicar los últimos datos del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE), que registró un crecimiento interanual del 5%, impulsado por un salto del 58% en pesca, 39,7% en intermediación financiera y 8% en explotación minera. En contraste, la industria manufacturera cayó un 1% respecto de septiembre de 2024.