La comunidad teatral argentina, en estado de alerta y movilización permanente, frente al cierre del Instituto Nacional del Teatro

Miguel Passarini

La desfinanciación de la Cultura en todas sus formas es una política del Gobierno nacional de Javier Milei desde que asumió a finales del 2023, y fue algo que expresó que pasaría en su campaña. Y si bien una serie de decisiones que estaban incluidas dentro de la llamada Ley Bases en el comienzo de su gestión parecían haber quedado relegadas en este último tiempo, según los anuncios de este miércoles al mediodía de parte del vocero presidencial Manuel Adorni, la motosierra para la cultura está de regreso y con más fuerza que nunca.

Adorni, quien vive un momento de gloria personal tras ganar las elecciones porteñas del último domingo, anunció este miércoles una serie de cambios en los institutos de Cultura, en particular en el Instituto Nacional del Teatro (INT), que incluyen cierres, desaparición de delegaciones provinciales, fusiones y un manejo centralizado del dinero destinado a la producción que queda en manos de la Secretaría de Cultura de la Nación, a cargo de Leonardo Cifelli.

En las primeras horas de la tarde, tras conocida y difundida la noticia, un repudió a lo que desde todos los sectores se considera como un atropello, primero se evidenció en las redes sociales y poco a poco se fue configurando, mediante comunicados de diversas entidades y refrentes de la cultura nacional, el estado de alerta y asamblea permanente que por estas horas transita la comunidad teatral argentina.

Adorni se refirió al Instituto Nacional del Teatro, que funciona al menos hasta el momento con un director ejecutivo y un consejo directivo, y delegados en las provincias, quienes se ocupan de la gestión y distribución de los subsidios, según lo establece la Ley Nacional del Teatro 24.800 que dio origen en 1997 al INT, como «una cuna de intereses políticos y funciones duplicadas» y que la mayoría del dinero disponible se destinaba a sueldos y no a subsidios, dejando el claro que, tal como se lo conoce, el INT desaparece para integrarse a un área de Cultura de la Nación, perdiendo su verdadero sentido federal pero sobre todo su autarquía.

De este modo, se elimina el consejo directivo y todas las representaciones provinciales del INT, que son las que contienen y acompañan las problemáticas que deben transitar los grupos y las salas teatrales independientes (en Rosario alrededor de veinte), y en su lugar se nombrará un nuevo consejo asesor, que según Adorni «trabajará ad honorem».

Entre las entidades que se expresaron en las últimas horas, tras una serie de reuniones en distintos puntos del país tanto presenciales como virtuales, aparecen, entre más, la Asociación Argentina de Actores y Actrices en sus diferentes delegaciones, infinidad de grupos y colectivos teatrales que sostienen la actividad en gran medida con el apoyo del INT, y Artei.

Precisamente, la Asociación Argentina del Teatro Independiente (Artei) publicó un comunicado en el que, entre más, plantea: “Exigimos que cualquier modificación debe ser consensuada por la comunidad teatral y debatida en el Congreso de la Nación. Apoyamos y velamos por el derecho ciudadano a la cultura y el INT es el organismo nacional que fomenta, desarrolla y garantiza el acceso a esta expresión artística en todo el país”.

También aparece en las redes una publicación en defensa de la entidad que firman los directores ejecutivos de las últimas gestiones del INT, referentes nacionales como Rubens Correa, Raúl Brambilla, Guillermo Parodi, Marcelo Allasino y Gustavo Uano. «Los abajo firmantes, ex directores Ejecutivos del Instituto Nacional del Teatro, manifestamos nuestro más enérgico repudio a la decisión del Gobierno nacional de degradar y centralizar el INT, que ha sido desde su creación una herramienta fundamental para el fortalecimiento del teatro independiente en todo el país. Su carácter descentralizado, federal y colegiado permitió que miles de proyectos, festivales, espacios y comunidades teatrales florecieran en todas las provincias, con un impacto cultural y social incuestionable», plantean.

Y siguen: «A lo largo de las décadas, el INT consolidó una política pública ejemplar, sostenida más allá de los cambios de signo político, que posicionó a la Argentina como referente regional en el desarrollo de las artes escénicas. Modificar su estructura atenta directamente contra la Ley 24.800 y contra el espíritu democrático y colectivo que dio origen al Instituto, tras décadas de debate y consensos federales. Estas medidas no sólo implican la desfinanciación del sector y la paralización de su actividad, sino también una enorme pérdida de fuentes de trabajo en todo el país. Consideramos que se trata de un nuevo y grave ataque a la cultura nacional, a nuestra identidad y a los valores de inclusión, diversidad y acceso que el teatro independiente encarna».