La concejala Irizar advierte una vez más sobre el impacto del recorte del gobierno nacional en discapacidad

La concejala Verónica Irizar expresó su preocupación por los recientes recortes presupuestarios anunciados por el gobierno nacional de Javier Milei en programas y políticas destinadas a personas con discapacidad, advirtiendo que estas medidas tendrán consecuencias directas sobre los derechos y la calidad de vida de este sector de la población.

“Estamos frente a un ajuste que golpea a los sectores más vulnerables. Los recortes en programas de inclusión, transporte adaptado, pensiones y prestaciones médicas no son un simple tema administrativo: implican un retroceso en derechos conquistados durante años”, señaló Irizar.

La concejala destacó que las políticas públicas vinculadas a la discapacidad no pueden considerarse un gasto, sino una inversión social. “Se trata de garantizar que miles de personas puedan acceder a tratamientos, educación y trabajo en condiciones dignas. Con estos recortes, se pone en riesgo no solo el acceso a servicios esenciales, sino también la autonomía de quienes más necesitan del acompañamiento del Estado”, advirtió.

Irizar también mencionó la lucha que viene sosteniendo a nivel nacional Esteban Paulon, diputado y actual candidato a senador, quien denunció penalmente al presidente Milei y luego al ministro Mario Lugones: “La pelea que lidera Paulon a nivel nacional refleja lo que estamos denunciando localmente: un retroceso grave en políticas que deberían ser prioridad. Sus gestiones muestran la urgencia de que la sociedad y los gobiernos tomen conciencia y actúen”, afirmó.

Además, la concejala recordó que su compromiso con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad es sostenido desde hace años, trabajando tanto en la visibilización de sus necesidades como en la propuesta de políticas locales de inclusión. Irizar mencionó también un amparo colectivo presentado por una abogada en Córdoba para garantizar el cumplimiento de derechos de personas con discapacidad, destacando cómo distintas acciones legales buscan frenar el retroceso en políticas fundamentales. “Hace tiempo que venimos alertando sobre los riesgos de ajustes que afectan a la discapacidad, y hoy vemos cómo estas medidas impactan directamente sobre quienes más dependen del Estado. Las denuncias de Paulon a miembros del Ejecutivo nacional primero por demorar la promulgación de la ley y luego una vez promulgada, una disposición inédita: no aplicarla hasta definir los fondos, algo inconstitucional. Son una muestra más de la gravedad de la situación”, señaló Irizar.

La concejala subrayó además el impacto que estas medidas tienen sobre las familias, que deberán afrontar mayores costos económicos y emocionales para sostener la atención y la inclusión de sus hijos. “En lugar de recibir apoyo, hoy sienten que el Estado les da la espalda”, enfatizó.

Finalmente, Irizar hizo un llamado a la sociedad y a los distintos niveles de gobierno a defender los derechos de las personas con discapacidad: “No podemos permitir que se vulneren derechos fundamentales. La inclusión no puede ser moneda de cambio en un ajuste económico”.