Guillermo Lindow está acusado de pedir fotos a nena de 14 años y viajar a México para abusarla. Fue detenido en Córdoba y el máximo tribunal ratificó el pedido
La Corte Suprema de Justicia confirmó la extradición a México de Guillermo Gustavo Lindow, un ciudadano argentino-español acusado de haber cometido delitos vinculados con la pornografía infantil, tras engañar a una adolescente de 14 años a través de Facebook.
Lindow, de 48 años al momento de los hechos, habría entablado una relación virtual con la adolescente mexicana, a quien le pidió fotografías desnuda y luego viajó al país azteca, donde, según la acusación, abusó de ella, según el fallo al que accedió la agencia Noticias Argentinas.
El juzgado penal del Primer Partido Judicial de Villa de Álvarez ordenó su captura internacional por los delitos de turismo sexual, pornografía y estupro, que en México se castigan con penas de entre 7 y 12 años de prisión.
El acusado fue detenido en el aeropuerto de Córdoba cuando regresó a visitar a su familia, luego de vivir en España junto a su pareja e hijos.
Durante el juicio de extradición, la fiscalía federal apoyó el pedido de México por la gravedad del hecho y el riesgo de prescripción, mientras que la defensa argumentó que el delito de turismo sexual no existe en el Código Penal argentino y que el grooming no estaba vigente en 2011.
El juez federal Alejandro Sánchez Freytes concedió parcialmente la extradición por el delito de pornografía, y la Corte Suprema, integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, ratificó esa decisión.
El máximo tribunal dispuso además que se informe a México el tiempo que Lindow lleva detenido para su cómputo y recordó la aplicación de normas internacionales en materia de derechos humanos y cooperación judicial.
Con la sentencia firme, el Ministerio de Relaciones Exteriores deberá definir si el acusado será juzgado en Argentina o en México, conforme lo establecido en los artículos 12 y 36 de la ley 24.767. El caso, que involucra delitos cometidos mediante el uso de redes sociales, reaviva el debate sobre la protección de niños y adolescentes en entornos digitales y la responsabilidad penal ante conductas de acoso o explotación sexual infantil.
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