La Corte Suprema de la provincia renovó su reclamo por lo que considera un número demasiado alto de vacantes en el Poder Judicial y pidió celeridad al gobierno para cubrir los cargos.
La Corte aprovechó la reunión de acuerdos de los ministros de este último martes para manifestar “su reiterada preocupación debido a la cantidad de vacantes de magistrados existentes en la provincia” y exhortó “a que se materialicen los mecanismos orientados a la más pronta cobertura actuales o que se produzcan en el futuro inmediato”.
Los ministros recordaron que se ha expedido con motivo de estas situaciones “en reiteradas oportunidades, desde hace ya varios años, expresando los desajustes que se registran en materia de cobertura de cargos, cuya superación resulta ajena a los resortes institucionales de esta Administración de Justicia”, en referencia a los poderes Ejecutivo (que lleva adelante el proceso de selección) y Legislativo (que avala o rechaza los nombres propuestos).
El comunicado de prensa afirmó: “Se contabilizan 86 cargos vacantes de jueces de tribunales que se encuentran efectivamente en funcionamiento (de primera y de segunda instancia); observándose asimismo que sólo 30 cuentan actualmente con juez subrogante, mientras que los restantes 56 carecen de dicha cobertura –ello, sin perder de vista que la figura del juez subrogante no rige respecto de los cargos de jueces de Cámara de Apelaciones–”.
El tribunal que presidente Rafael Gutiérrez reprochó que “muchas de estas 56 vacantes registran un prolongado, significativo y pernicioso lapso de duración, no debiéndose perder de vista que dicha situación se enmarca en una estructura caracterizada por la baja cantidad de cargos de magistrados por habitante existente, la cual se agudiza por el incesante incremento de los índices de litigiosidad, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo; lo cual viene a resentir aun más el actual estado de cosas”.
El reclamo de la Corte llega en un momento muy particular porque desde el primer minuto de su gobierno, en diciembre pasado, Miguel Lifschitz instruyó al ministro de Justicia Ricardo Silbestein a reformar el mecanismo de selección de jueces con el propósito esencial de reducir los tiempos.
Tras las consultas, en abril pasado se reformó el mecanismo de selección. Se simplificaron todos los pasos, los tiempos de impugnación, de corrección de exámenes y hay un único tribunal que interviene en el proceso. La meta: bajar de los 2 años que se demoraba a períodos de 4 a 6 meses como máximo. El sistema está debutando con un concurso para cubrir cargos en Rafaela y Ceres.
La Corte, en su reclamo, no ignoró esos cambios. Hizo alusión a que “el Poder Ejecutivo ha reformado recientemente el sistema de selección de magistrados (con el dictado del decreto N°854/16) y, de modo especial, que dicha reforma resulta inspirada –entre otros fines– en el de “obtener mayor celeridad a la hora de sustanciar los procesos de selección”. Cierra dejando sentado que “deposita sus más altas expectativas en la efectiva concreción de dichos propósitos”.
Más allá de la salvedad, fuentes de la Casa Gris ayer no pasaron por alto que el reclamo de los magistrados salió después que el diario El Litoral actualizara los altos suelos del Poder Judicial (entre 211 y 247 mil pesos en el caso de la Corte) y que el gobernador Miguel Lifschitz haya expresado públicamente que los jueces deberían pagar impuesto a las Ganancias, que el hecho de que no tributen “es una gran diferencia” con el resto y hasta sugirió que podría incluirse en el debate por la reforma constitucional.
