Magistrado del máximo tribunal señaló que las pruebas surgidas del acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht fueron obtenidas de forma ilegal por el ex juez Sérgio Moro, ex ministro de Bolsonaro y hoy senador. "Verdadera tortura psicológica para obtener pruebas contra inocentes", calificó
El Supremo Tribunal Federal, la máxima corte de Brasil, aceptó este miércoles una petición de la defensa del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y anuló las pruebas obtenidas a partir del acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht, al considerar que fueron obtenidas de forma ilegal por el ex juez Sérgio Moro y los ex fiscales de la llamada operación Lava Jato. Además, consideró que fue un «error histórico» el dictamen de prisión contra el mandatario.
El fallo del juez Antonio Dias Toffoli indicó que las supuestas confesiones forman parte de artilugios ilegales de «tortura psicológica» que tuvieron como objetivo, entre otros, obtener pruebas falsas contra inocentes, a la vez que calificó como «algo armado» la condena a prisión que proscribió a Lula de las elecciones de 2018.
Los acuerdos de delaciones premiadas a Odebrecht firmados en el marco de Lava Jato en 2017 deberán volver ahora a jueces de la primera instancia para revisarse, ya que el juez Toffoli consideró que no hubo un procedimiento adecuado y comparó lo ocurrido con las torturas que la dictadura militar ejerció contra los presos políticos.
El magistrado afirmó que los agentes públicos «se valieron de verdadera tortura psicológica para obtener pruebas contra inocentes» y que actuaron con parcialidad y fuera de su esfera de competencia.
De esa forma, invalidó elementos de prueba contenidos en los «sistemas de sobornos» que fueron presentados por Odebrecht para corromper políticos, financiar campañas electorales y hacer cartel con otras constructoras para ganar licitaciones públicas.
El acuerdo entre el Ministerio Público Federal y Odebrecht fue firmado en diciembre de 2016 y ratificado, en el ámbito de Lava Jato, en mayo de 2017 por el entonces juez Moro.
La empresa se comprometió a revelar conductas ilícitas y a cesar las prácticas con pago de multas en Brasil, Suiza y Estados Unidos. Su entonces presidente, Marcelo Odebrecht, fue detenido.
Al menos 87 personas involucradas participaron de los acuerdos de delación. La constructora, con operaciones en numerosos países, cambió su nombre a Novonor por cuestiones de imagen, en medio de un proceso de convocatoria de acreedores.
El fallo de Toffoli indica que la detención de Lula en 2018 puede haber sido «uno de los mayores errores judiciales en la historia del país».
La corte había anulado en 2021 las sentencias contra el mandatario al considerar que Moro y los fiscales persiguieron políticamente al líder del Partido de los Trabajadores (PT) para retirarlo de la vida política y permitir la victoria del ultradrechista Jair Bolsonaro en los comicios de ese año.
Moro fue ministro de Justicia de Bolsonaro luego de haber encarcelado a Lula. Hoy, es senador opositor al gobierno de Lula.
«Fue un montaje resultante de un proyecto de poder de ciertos agentes públicos en su objetivo de conquistar el Estado por medios aparentemente legales, pero con métodos y acciones contrarias a la ley», dijo Toffoli en parte de la decisión.
También indicó que la detención de Lula «fue el verdadero huevo de serpiente de los ataques a la democracia y a las instituciones que ya se presagiaban en las acciones y voces de estos agentes contra las instituciones y el propio Supremo Tribunal Federal».
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