A la persona que fue investigada se le atribuyeron ilícitos en perjuicio de una integrante de su entorno familiar, quien era menor de edad al momento de los ilícitos
La Corte Suprema de Justicia de la provincia anuló una sentencia de segunda instancia que confirmaba la absolución de un hombre de iniciales HLP que fue juzgado por abusos sexuales cometidos en el norte provincial. Además, el máximo tribunal ordenó que el fallo del juicio sea revisado nuevamente por la Alzada. Así lo dispusieron los ministros Roberto Falistocco, Jorge Baclini, Daniel Erbetta, Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler y Margarita Zabalza.
La sentencia anulada había sido impugnada por el fiscal Sebastián Marichal, quien presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Cámara de Apelación en lo Penal de Vera que fue rechazado y luego remitido en queja a la Corte Suprema, que lo admitió.
El fallo que revisó el máximo tribunal había sido resuelto por el camarista Enrique Álvarez. De acuerdo con lo manifestado por Marichal, “el juez de segunda instancia confirmó la absolución por el beneficio de la duda, a partir de un análisis que consideramos arbitrario de los elementos probatorios producidos en el juicio”.
El funcionario del MPA afirmó que “el magistrado de la Alzada, entre otras cuestiones, no analizó la declaración de la víctima de forma directa, sino que validó ciertos estereotipos de género que son inadmisibles que fueron introducidos al debate por algunos testigos”, y remarcó que “siguió un razonamiento contrario a la normativa nacional e internacional en la materia”.
Por su parte, en un voto al que adhirieron los demás miembros de la Corte, el ministro Erbetta sostuvo que el juez de segunda instancia “omitió practicar una ponderación integral, armónica y contextualizada de la prueba rendida, a la luz de la sana crítica racional y de las pautas interpretativas aplicables en casos donde –como en el presente–, se denuncian actos de violencia sexual”.
En cuanto a las conductas delictivas por las que se pidió la condena del acusado, consistieron en “abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal, reiterados en un número indeterminado de veces”.
El fiscal expuso que “los ilícitos fueron cometidos durante la infancia y la adolescencia de una integrante del entorno familiar del hombre que fue juzgado”.
A partir de una denuncia radicada por la madre y por el padre de la víctima, la investigación penal se inició en 2012, antes de la implementación del sistema acusatorio en la provincia. En tal sentido, intervinieron los fiscales del anterior sistema, quienes presentaron la requisitoria de elevación a juicio.
Cuando la causa pasó al MPA, la adecuación al nuevo sistema y las audiencias de testigos, que se realizaron de forma oral, quedaron a cargo del entonces exfiscal Leandro Mai. Finalmente, los alegatos sobre la prueba, y las distintas etapas recursivas correspondieron a Marichal.
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