“La emergencia en adicciones de Nación no cambió nada”

A mitad del año pasado el Gobierno de Santa Fe consiguió media sanción a la ley para transformar al programa Abre Vida en una política del Estado provincial. Busca que haya tareas permanentes de prevención sobre consumos problemáticos en escuelas y boliches; se refuerce las estructuras de los centros de salud públicos para tratar a personas con problemas de consumo; y sostener un observatorio de las políticas de drogas. Según explicaron desde el gobierno, les faltan datos y lo que tiene Sedronar y la sala de situación de los hospitales no es suficiente. El proyecto de ley fue la respuesta al pedido de un grupo de legisladores de distintos partidos políticos de que la provincia declare la emergencia en adicciones como hizo Nación en 2016. Este año lo discutirán los senadores. “No tenía sentido dictar la emergencia sin conocer las causas y que después de la emergencia las acciones se desvanezcan. Necesitamos que quede como política de Estado y esté articulada con el resto de las políticas del gobierno”, explicó la directora de la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (Aprecod), Cecilia Nieto.

—¿Cómo impactó la declaración de emergencia de Nación en Santa Fe?

—No hemos visto ningún cambio. No hubo inyección de recursos ni modificaciones. Sedronar sigue como antes. En Rafaela y Villa Gobernador Gálvez hay edificios que aún no están terminados. No sirve que quede solo en el discurso. En Santa Fe ampliamos las acciones y pusimos en marcha la Casa Terapéutica Productiva–ver aparte–, seguimos trabajando con instituciones en convenios para que la asistencia esté garantizada y avanzamos para tener un relevamiento de las que trabajan en la parte privada. Tenemos en marcha un censo de usuarios esperando poder sumar la información para cuando esté en marcha el Órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental. Tratamos de tener todas las herramientas para después hacer un seguimiento de tratamientos y asistencia.

—En los informes del órgano de revisión nacional se repiten casos de internaciones involuntarias, entre otras faltas graves ¿Cuál es la situación en la provincia?

—Queremos avanzar con las instituciones privadas para ver cómo trabajan. En Santa Fe no hay una sola institución que trabaje a través de IAPOS que sea de puertas cerradas. No es así en otras partes del país, donde aún hay comunidades terapéuticas cerradas. Son ilegales y muchas fueron habilitadas en el viejo sistema. Entendemos que, como exige la ley, la internación tiene que ser el último recursos y debe tener un monitoreo riguroso para cuidar los derechos de las personas. Avanzamos mucho en la desmanicomialización. Trabajamos en los hospitales generales porque aún falta un abordaje comunitario en el territorio. Las políticas como el programa Nueva Oportunidad nos ayude a responder de alguna manera y estar en contacto.

—¿Cómo trabajan para que el personal de la Salud pública y privada respete la ley?

—Algunos profesionales tienen mayor predisposición que otros para rever cómo trabajan ya que el Estado debe garantizar una atención que no estigmatice, encierre y trate de insanos a las personas. Los psicólogos tienen mayor predisposición que los psiquiatras. Hay que ir por el mismo camino. Hay desmistificar que la ley es impracticable y no se puede ofrecer contención.

—¿A quien le conviene esa mirada sobre la aplicación?

—Los dispositivos comunitarios, que se piensa en la internación como último recursos y que se trate a la persona no como un adicto o loco beneficia a las instituciones privadas más antiguas. No quieren perder su lugar. Tampoco es sencillo para los profesionales porque se trata de trabajar con gente con la que no están acostumbrados. Es la interdisciplinar que involucra a psicólogos, psiquiatras, médicos, trabajadores sociales y muchos más profesionales. Es lo que permite pensar en la persona y en el acceso y la contención.