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Tarifazo: la EPE avisa que hay que pagar

La empresa comenzó a enviar notificaciones de deuda correspondiente, al período posterior al tarifazo, aunque se encargaron de aclarar que no se trata de intimaciones por lo que descartaron de plano que haya cortes en el suministro.

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) comenzó a enviar notificaciones para instar al pago de tarifas adeudadas desde febrero a la fecha, correspondientes al período posterior al tarifazo. Los envíos fueron dirigidos a particulares, empresas y comercios, en los que se solicita el pago de los meses adeudados más los intereses correspondientes. Desde la empresa remarcaron que no se trata de intimaciones, sino de avisos de deuda, por lo que descartan cortes por falta de pago. En tanto, la Multisectorial contra el Tarifazo insistió en que no deben abonarse las tarifas, dado que continua vigente el fallo de la jueza Martina Forns, de San Martín.

En medio de la polémica que desataron los tarifazos en el servicio de energía eléctrica y a la espera de una resolución judicial, la EPE comenzó a enviar avisos de deuda para aquellos usuarios –particulares, comercios o empresas– que no hayan abonado los períodos correspondientes al post tarifazo. En las notas, que comenzaron a enviarse desde la semana pasada, se invita a los usuarios a regularizar su situación pagando lo adeudado más los intereses que correspondan.

Desde la EPE aclararon que estos avisos no tienen carácter intimatorio y que aquellos que no puedan abonar a término deberán acercase a negociar algún tipo de convenio.

“La empresa mandó avisos de deuda, no son intimaciones. Aquellos que tengan inconvenientes en pagar se deben presentar a la empresa e informar que tienen necesidad de realizar algún tipo de convenio. La empresa tiene herramientas comerciales para dar soluciones a esta situación”, señaló el responsable de Relaciones Institucionales de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), Hugo Ceré, quien advirtió que no habrá cortes por falta de pago.

“No hay cortes masivos por falta de pago. No son intimaciones por lo que no se le dice al usuario que se le va a cortar el servicio, sino que se le informa que tiene una deuda. Una vez que el Ministerio de Energía dictó la resolución Nº 6 se habilitaron distintas herramientas para pymes y usuarios comunes y algunas venían desde hace tiempo. Hay convenios hasta en 99 cuotas, esto no es de ahora”, agregó en diálogo con este diario.

Ceré advirtió que por el momento se descarta retrotraer los montos de las tarifas, ya que tras el quite de subsidios de parte de la Nación la compañía de energía aumentó los precios a las distribuidoras, situación que se mantiene en la actualidad.

“No queremos crear incertidumbre, la Corte dictaminó sobre la forma, no sobre el fondo de la cuestión y ahí sigue la situación como estaba. La Nación quitó los subsidios y a partir de allí hubo un reacomodamiento de precios. No hay una situación que cambie o haya impuesto que hay que volver atrás con el tema tarifario. La compañía de energía le sigue facturando a la EPE y a todas las distribuidoras el nuevo precio, por lo tanto las tarifas contendrán este aumento”, explicó Cere, al tiempo que recordó las instancias dispuestas para las pymes y comercios que no puedan afrontar los nuevos costos.

“Las herramientas comerciales y las directivas del Ejecutivo son encontrar una solución para que el motivo eléctrico no sea un argumento para que un ciudadano quede sin trabajo”, concluyó.

No pagar

En tanto, desde la Multisectorial contra el Tarifazo insistieron en la recomendación de no abonar las tarifas con aumento, teniendo en cuenta la vigencia del fallo de la jueza Martina Forns, de la localidad bonaerense de San Martín, en el que ordenó a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) que se abstenga de aplicar los incrementos hasta tanto se realice la correspondiente audiencia pública.

“El fallo de San Martín está publicado en la página oficial del Poder Judicial y el juicio está inscripto en procesos colectivos. Yo mismo efectué una notificación a los apoderados de la EPE y de la provincia dentro del expediente que tenemos de la ley 10000. Se notificó un pedido que se efectuó el 20 de septiembre pasado de sustracción de la causa del tarifazo de febrero, en virtud de lo que estaba resuelto por la jueza Forns. Fue notificado por mi persona, por lo tanto los apoderados tiene el debido conocimiento”, señaló Juan Alcaraz, abogado de la Multisectorial, quien interpretó a estas notificaciones de la EPE como “una forma de coacción a la gente para que efectúe los pagos correspondientes”. “Esperamos que el gobernador cumpla con la palabra que nos dio personalmente, que no iban a existir cortes en la provincia, dado que si existen nos veríamos en la obligación de tomar acciones en forma directa”, expresó Alcaraz, quien sostuvo la postura de la Multisectorial de no abonar las tarifas con aumento “porque están suspendidas en virtud del fallo de la jueza de San Martín”.

Una metalúrgica que no puede con los costos

Una de las pymes afectadas por el tarifazo eléctrico que ya recibió dos avisos de deuda es la metalúrgica Metalkrom. Ubicada en Mitre y Pasco, la empresa de 1.000 metros cuadrados que se dedica al tratamiento de superficies cuenta con 40 empleados y funciona desde 1965. La crisis del sector y el incremento en los costos obligan a la empresa a considerar plantear por primera vez procedimiento de crisis.

“En los 45 años que tenemos como empresa no echamos nunca a un operario. Hoy no podemos sostener los costos, la luz y el costo laboral de las leyes sociales y la presión fiscal nos llevan a un estado de insolvencia que nos conduce a armar un procedimiento de crisis y evaluar la posibilidad de reducir personal. Hasta ahora siempre prioricé pagar sueldos a costo de endeudarme”, explicó Lisandro, a cargo de la firma.

El empresario señaló que la boleta de luz de Metalkrom aumentó de 40 mil a 105 mil pesos, un incremento que según sostuvo no puede asumir. Debido al incumplimiento en el pago del servicio recibió una primera notificación que contemplaba un interés de 5 mil pesos por un atraso de 30 días en el pago y una deuda total de 215 mil pesos, correspondiente a dos meses, julio y agosto de este año.

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