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La fiscal acusada de encubrimiento en el caso Oldani vuelve a estar en funciones en el MPA

Cristina Ferraro cumplió el período de suspensión aplicado por la Legislatura luego de que fuera procesada por las irregularidades cometidas en la custodia de la escena del crimen del empresario santafesino. Ya no estará a cargo de las investigaciones y trabajará en la Unidad de Ejecución penal 

La fiscal Cristina Ferraro, procesada por encubrimiento en el marco de la causa por el asesinato del empresario santafesino Hugo Oldani, cumplió el período de suspensión que le impuso la Legislatura provincial el 22 de noviembre del año pasado, y volverá a cumplir funciones en el MPA, ya no en el área de homicidios sino en la Unidad de Ejecución Penal, que tiene a su cargo la ejecución de las condenas, las salidas transitorias o libertades condicionales de las personas mayormente privadas de la libertad en los establecimientos carcelarios de Santa Fe.

Antes de la suspensión, Ferraro estuvo ocho años al frente de investigaciones sobre homicidios y femicidios ocurridos en el departamento La Capital, desde la puesta en funciones del nuevo Código Procesal Penal. Y Ahora se desempeñará en el área que actualmente conduce el fiscal Eladio García, quien también fue suspendido por mal desempeño cuando fue jefe de los fiscales de la zona de Reconquista.

Con la vuelta de Ferraro, por primera vez una funcionaria que está bajo sospencha de un delito federal cumplirá funciones en la Justicia provincial.

La fiscal está acusado de facilitar que familiares del empresario asesinado el 11 de febrero de 2020 se llevaran de la escena del crimen bolsos, cajas y mochilas. Fue procesada por la comisión del delito de encubrimiento por favorecimiento real, agravado por la condición de funcionaria pública en concurso real con abuso de autoridad.

El fiscal federal Walter Rodríguez detectó que Ferraro permitió a la familia del fallecido Oldani sacar de la agencia de turismo donde ocurrió el homicidio, bolsos y cajas con documentos y una suma aproximada de 1.000.000 de dólares y 3.000.000 de pesos que se encontraban en una estantería y una caja fuerte. Se presume que eran parte de negocios paralelos e ilegales que se realizaban en el local comercial.

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