La hora de la sociedad civil en la Reforma Constitucional

Por Mariángeles Guerrero / Especial para El Ciudadano

Comenzaron las exposiciones de las organizaciones sociales en la Convención Constituyente. La convocatoria formal responde a un planteo de pedido de participación que se formuló desde diversos sectores. El primer paso fue la apertura para que diversas agrupaciones presenten sus propuestas. El resultado fue el ingreso de 700 proyectos con propuestas de articulados sobre un amplio abanico de temas: educación, salud, ambiente, género, libertad religiosa, entre otros. Posteriormente, se dio pie a que cada una pueda asistir a las reuniones de las comisiones para hacer uso de la palabra y sintetizar sus propuestas.

Decenas de organizaciones pasaron por la Legislatura en Santa Fe y otras tantas se dieron cita el viernes en el Concejo Municipal de Rosario. Las comisiones de Poder Judicial, de Poder Legislativo y Ejecutivo, de Declaraciones, Derechos y Garantías, de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana y de Derecho a la Ciudad se abrieron a democratizar formalmente la participación en el marco de la Convención.

Solo en esta ciudad, en el marco de la Comisión de Derecho a la ciudad, se dieron cita representantes de la Universidad Nacional de Rosario, del Ente Coordinación Metropolitana Rosario, del Ministerio de Gobierno, del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario, de Festram, de la CTA Autónoma Rosario, de la Vecinal Barrio Acindar, del Instituto Salud Socioambiental y del Foro Recuperación del Paraná, entre una decena de organizaciones.

En Santa Fe, el lunes pasado la Comisión de Funcionamiento del Estado recibió a cooperativistas, ex combatientes de Malvinas, colegios profesionales y de derechos humanos. El miércoles, la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías recibió a Los Sin Techo, a la Asamblea Ni Una Menos de Santa Fe, a Carlota López —fundadora de Abogados por la Vida—, a Padres Unidos Santa Fe y a la Mesa del Orgullo, entre otras.

La participación a través de la toma de la palabra —en el recinto o presentando un proyecto— viene a cubrir la vacancia de legitimidad que se planteó desde la sociedad civil en relación con la reforma. A fines del año pasado hubo críticas de diversos sectores hacia la ley de reforma, propuesta y sancionada desde el frente gobernante de la provincia —con mayoría en ambas cámaras de la Legislatura—. Se cuestionó su rápido tratamiento y la escasa discusión que hubo acerca de los temas que finalmente se incluyeron para ser modificados.

Las elecciones de abril fueron otro cimbronazo: apenas la mitad de la ciudadanía santafesina habilitada para votar concurrió a las urnas. Estos hechos políticos generaron —al decir de la oposición y un gran número de organizaciones sociales— un vacío de legitimidad que todos los bloques que integran la Constituyente se vieron interpelados a llenar. Y el acuerdo fue que ese vacío sea llenado con participación de los más amplios sectores en el proceso de reforma.

Esta semana ese acuerdo se tradujo y se vio en las reuniones de las comisiones. Tanto las que tratan la reforma del Estado —las comisiones relativas a los tres poderes— como las que abordan la inclusión de mecanismos de participación y el reconocimiento de derechos recibieron a diversos sectores de la sociedad que tuvieron tiempo para hacer uso de la palabra y exponer sus argumentos.

Poco a poco, la Convención se va tornando en la vidriera política de la provincia. El debate sirve como exposición de su plataforma a todos los partidos y la instancia de participación ciudadana deviene en un ámbito de intercambio cuasi territorial en un contexto en el que a la política le cuesta cada vez más acercarse a los territorios. La crisis económica y un gobierno nacional que se plantea como “anti casta” pero que no se dirige a la sociedad en su hacer y en su decir, y que no deja de recortar derechos, se suman al desencanto que separa a la gente de pie de las instituciones gubernamentales.

“Todos los aportes serán tenidos en cuenta”, manifestó Alejandra Rodenas, presidenta de la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías, durante la reunión de esa comisión, una de las más convocantes. Todo uso de la palabra implica la voluntad de ser escuchado. Pero las “organizaciones” no son un todo homogéneo. Hay empresarios, pequeñas organizaciones, sindicatos, colegios profesionales, partidos políticos, iglesias. Hay, en ese abanico, ideas contrapuestas; la diversidad no siempre converge en acuerdo. Se puede escuchar a todos y a todas, pero luego vendrá el momento de la definición.

Hay derechos que colisionan con otros. Ejemplos que se enunciaron durante esta semana: la propiedad privada no puede ser un derecho irrestricto en una Constitución que también reconozca el derecho al agua y al ambiente sano; la educación sexual integral puede verse limitada si se atiende la perspectiva de que “la” familia es la principal educadora de las infancias.

Las reuniones continuarán en los próximos días. Habrá que esperar a que inicie el trabajo de la comisión redactora para ver cómo se plasmará el amplio espectro de la participación ciudadana en el texto final.