La inundación a la Justicia

El juez federal Canicoba Corral habilitó la feria para dar curso a la denuncia presentada por el Ministerio de Planificación sobre los canales clandestinos en Areco. Según hidrólogos, contribuyeron al desastre.

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral habilitó la “feria” judicial que comenzó ayer en los tribunales porteños para dar curso a la denuncia presentada por el gobierno nacional por la supuesta construcción de canales clandestinos, que habrían contribuido a dejar bajo el agua a San Antonio de Areco y poner en aprietos a otras ciudades del norte bonaerense, como Arrecifes y Pergamino.

Fuentes judiciales indicaron que el magistrado fijó para el jueves una audiencia para que los funcionarios de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, ratifiquen la denuncia presentada el 29 de diciembre último.

Allí se advertía sobre la posible construcción, por parte de ruralistas de San Antonio de Areco, de obras clandestinas que habrían facilitado las inundaciones en esa zona.

De acuerdo a las normas procesales, tras la ratificación el magistrado “dará vista” (pedirá opinión) al fiscal para que el representante del Ministerio Público dictamine si corresponde dar impulso a la investigación penal.

En el Ministerio de Planificación se ordenó que “se instruya el pertinente sumario tendiente a comprobar si los hechos denunciados configuran delitos penales contra la seguridad pública, tipificados en los artículos 186 y 196 del Código Penal, en función del artículo 194 del Código Procesal Penal de la Nación”.

El primero de los artículos establece una pena mínima de 3 a 10 años de prisión para “el que causare incendio, explosión o inundación”, castigo que se agrava en caso de poner en riesgo diferentes instituciones o provoca la muerte de personas. El segundo castiga a quien provoque accidentes –entre ellos inundaciones– “por imprudencia o negligencia o por impericia en su arte o profesión”. Y el último artículo citado es el que habilita al juez a “proceder directa e inmediatamente a investigar” hechos cometidos en su circunscripción. En este caso, la cuestión es federal, ya que involucra rutas –la inundación ocasionó el corte de la Panamericana y la ruta 8– además de distintas poblaciones y áreas.

“Se ha verificado la existencia de numerosos canales construidos en los campos de la zona, la mayoría de los cuales colectan el agua superficial y subsuperficial de las subcuencas vecinas al cauce principal, desembocando su curso en el río Areco y/o a los canales aliviadores de las rutas”, dice la denuncia.

Con todo, en la presentación ante la Justicia, efectuada por el titular de Recurso Hídricos, Fabián López, se pide que se verifique la posible existencia de los canales “no declarados” en la zona y alrededores. Fueron esas cavas de drenaje de campos –según dijeron los propios vecinos de San Antonio y la intendenta local, la vecinalista María Lennon– las que provocaron que el río creciera como nunca lo hizo y desbordara sobre la ciudad, ya que arrastraron con gran velocidad el agua que cayó en la zona entre el viernes 25, el sábado 26 y el domingo 27, que sumó 130 milímetros.

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