La medida presentada por ATE fue aceptada por el Juzgado Federal de San Martín y dejó en pausa parte de la Resolución 42/2026. La medida impedirá despidos, traslados de funciones y movimientos de equipamiento técnico por seis meses mientras avanza la causa sobre el futuro del organismo
A poco más de un mes de que el Gobierno nacional avanzara con el cierre de más de 600 servicios del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Justicia Federal decidió intervenir y suspender parcialmente la aplicación de la Resolución 42/2026, publicada en abril en el Boletín Oficial.
La decisión fue tomada por el juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, titular del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín, luego de hacer lugar a una medida impulsada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
El fallo ordenó que el organismo se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo relacionado con la reorganización dispuesta por el Gobierno. Entre los puntos alcanzados aparecen la prohibición de cesar funciones, transferir tareas, modificar estructuras de trabajo y mover inventario técnico con fines de traslado o disposición del equipamiento.
Uno de los aspectos más sensibles de la resolución judicial tiene que ver con la situación laboral de los trabajadores del instituto. El magistrado dispuso que no podrá haber desvinculaciones y obligó al organismo a garantizar la “ocupación efectiva de todos los agentes cuyas funciones resultan afectadas, con mantenimiento pleno de sus categorías, remuneraciones y condiciones vigentes al 14 de abril de 2026”.
Además, la resolución también sostuvo la continuidad de los programas de asistencia técnica, ensayos, certificaciones y transferencia tecnológica que funcionan bajo la órbita estatal del organismo. De esta manera, quedó frenada la interrupción inmediata de tareas que el Ejecutivo había planteado dentro del proceso de simplificación administrativa.
Desde ATE, el secretario general Rodolfo Aguiar celebró la resolución judicial y apuntó directamente contra el plan oficial. “La Justicia falla a favor de ATE y frena los despidos masivos en el INTI. También impide el desmantelamiento del organismo: un histórico triunfo para los estatales”, sostuvo el dirigente a través de la red social X.
El sindicalista también detalló el alcance de la cautelar y remarcó que la medida obliga al organismo a retroceder con la resolución impulsada por el Ejecutivo. “La Justicia ordenó a las autoridades del INTI a dar marcha atrás con la Resolución 42/26, impidiendo cualquier tipo de cesación, transferencia o modificación de funciones y exigiendo la garantía de ocupación efectiva de todos los trabajadores con mantenimiento pleno de sus categorías y remuneraciones”, afirmó.
En la misma línea, Aguiar calificó el fallo como “un avance significativo en la lucha contra los despidos ilegales y el desguace estatal” y agregó: “Lo dijimos mil veces: no se puede gobernar al margen de la ley y contra la Constitución Nacional”.
La Resolución 42/2026, publicada el 16 de abril, había dispuesto la eliminación de más de 600 servicios prestados por el organismo tecnológico. Según la explicación oficial, la medida buscaba mejorar la eficiencia estatal y optimizar la asignación de recursos públicos.
El documento aprobado por el Consejo Directivo del INTI sostenía que muchos de los servicios afectados no tenían demanda suficiente o se superponían con prestaciones ya ofrecidas por el sector privado en condiciones normales de mercado. Por eso, se avanzó con un esquema de supresión inmediata de áreas sistematizadas.
Dentro del plan oficial se establecía que los convenios, órdenes de trabajo y compromisos vigentes serían respetados hasta su finalización. También se había encomendado a la Dirección Operativa la elaboración de un programa integral de transición para ordenar el cierre de servicios discontinuados, preservar documentación técnica y notificar a usuarios y organismos vinculados.
La reorganización también contemplaba el resguardo de capacidades consideradas estratégicas y una adaptación de la oferta tecnológica del instituto bajo nuevos criterios de funcionamiento. Desde el Consejo Directivo argumentaban que no se trataba de una reducción del rol institucional del INTI, sino de una redistribución hacia áreas donde la presencia estatal fuera “indispensable”.
En los fundamentos oficiales, las autoridades aseguraban además que el proceso se enmarcaba dentro de una política de simplificación regulatoria alineada con objetivos de transparencia, competencia y promoción de inversiones en el sector productivo.
La medida había sido validada por áreas técnicas y administrativas del organismo, entre ellas la Gerencia Operativa de Asuntos Legales y la Dirección Administrativa, que no encontraron objeciones jurídicas ni operativas para avanzar con la adecuación. También se aclaraba que la reorganización no implicaría erogaciones presupuestarias adicionales.
El esquema de implementación estaba a cargo de Juan Pablo Intelisano, Ezequiel Capelli y Miguel Ángel Romero, mientras que la Dirección de Planeamiento y Comercialización había quedado facultada para reformular la oferta tecnológica del organismo bajo los nuevos lineamientos impulsados por el Gobierno nacional.
Fuente: Data Clave
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