La jueza que lleva adelante la causa le dio un plazo de cinco días hábiles para entregar la documentación. El periodista denunció la medida y la consideró "violatoria del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la preservación de la fuente”. Un grupo de colegas salieron a respaldarlo
El Juzgado Nacional de primera instancia en lo Civil número 6 (a cargo de Susana Margarita Gastaldi) hizo lugar a un pedido de Mariano Macri y le ordenó al periodista Santiago Odonell a entregar todas las grabaciones de las entrevistas que forman parte de su último libro “Hermano. La confesión de Mariano Macri sobre la trama de poder, política, negocios y familia detrás de su hermano Mauricio”.
De no entregarlas en un plazo de cinco días hábiles deberá abonar una importante multa. Un grupo de periodistas respaldó al escritor con la firma de un comunicado que rechaza la decisión judicial en nombre de la libertad de expresión.
La medida tomada por la jueza busca “brindar certeza a la preparación de un ulterior juicio por daños y prejuicios” ocasionados a Mariano Macri por la publicación del libro en el que él fue entrevistado.
El texto que revela muchos de los negocios desconocidos de la familia Macri, también da a conocer información sensible y de interés público sobre el ex presidente argentino. De prosperar la medida, se trataría de un avance inconstitucional violatorio del derecho a la libertad de expresión y derecho a la preservación de la fuente.
Durante las grabaciones que derivaron en el material escrito, existen consideraciones que el periodista decidió no divulgar, como menciones a terceras personas, circunstancias, opiniones y situaciones que el autor eligió no incluir en el libro por una variedad de razones vinculadas a la ética periodística.
En el comunicado elaborado por el propio Odonell, en el que repudia el accionar judicial, expresa que se trata de una avanzada “inconstitucional, violatoria del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la preservación de la fuente”. Menciona además que la misma “viola estándares internacionales, poniendo al Estado ante una causal de responsabilidad internacional”.
El escritor denunció el hecho ante la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el comunicado concluyó: “Rechazo la medida adoptada por la Dra. Gastaldi y llamo a Su Señoría y/o a las autoridades judiciales competentes por apelación a revertir esta medida y a respetar las garantías fundamentales para el ejercicio del oficio periodístico”.
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