Algunas de las víctimas no sabían leer ni escribir y estaban indocumentadas. Un diputado provincial pide informes al Ejecutivo santafesino
Más de 30 trabajadores rurales fueron rescatados en condiciones de hacinamiento en diversos campos de Santa Fe y ahora los investigadores buscan constatar si detrás existe la trata laboral. De acuerdo a los constatado en los procedimientos, las víctimas vivían bajo precarios toldos de nylon, sin agua potable ni baños, con jornadas de trabajo de diez horas, de lunes a lunes.
El caso se inició el 4 de septiembre pasado cuando personal de la división Coordinación Contra el Trabajo Ilegal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), notificó a la Sede Fiscal Descentralizada de Rafaela sobre un procedimiento realizado junto al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) en un campo identificado como establecimiento «Santa Ana”, en cercanías de la ruta provincial N°77, en la localidad de Pozo Borrado, a pocos kilómetros con el límite con Santiago del Estero.
Desde el Ministerio Público Fiscal destacaron que en el lugar lograron identificar a 15 personas que realizaban tareas de desmalezamiento, entre ellos dos adolescentes de 17 años.
Asimismo, se constató que vivían en campamentos improvisados, en condiciones de precariedad absoluta, sin agua potable ni y dormían en el piso sobre mantas o colchones.
Al ser entrevistados por las autoridades, los trabajadores indicaron ser oriundos de la localidad de Los Juríes, en Santiago del Estero, y contaron que cumplían jornadas laborales de 8 a 18, de lunes a lunes y con salarios de $300 mil por quincena, al cual se les descontaba el valor de la comida.
De la pesquisa se pudo saber que los trabajadores “no tenían posibilidad de retirarse del lugar, no contaban con medios de comunicación, varios de ellos no sabían leer ni escribir y otros estaban indocumentados”.
Personal del ARCA se trasladó a un campo lindero, identificado como “La Revancha e Isabelliana S.A.”, donde detectó a otro grupo de cinco trabajadores en las mismas condiciones laborales, que residían en tolderías precarias con improvisadas carpas, en condiciones calificadas como “deplorables” por los funcionarios.
Frente a esa situación, desde la Sede Fiscal Descentralizada de Rafaela, el fiscal Gustavo Onel y los auxiliares fiscales Federico Grimm y Pablo Micheletti, solicitaron al juez de Garantías de Rosario, Eduardo Rodríguez Da Cruz, una orden de registro para constatar las condiciones del lugar y profundizar la investigación.
Así, entre la noche del jueves y la mañana del viernes pasado, personal de la Agencia Trata de Personas de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe, “allanó los establecimientos rurales, requisó los campos y logró rescatar a 31 personas alojadas en las condiciones referidas”.
Al mismo tiempo se dio intervención a la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Provincia de Santa Fe que, junto a la Municipalidad de la localidad de Tostado, articularon medidas urgentes de contención a las víctimas, para garantizarles alojamiento y alimentación.
También se dio intervención al Programa de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata del Ministerio de Justicia de la Nación, el que proporcionó colaboración para realizar entrevistas a los trabajadores precarizados. En esta ocasión participó la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo del fiscal general Marcelo Colombo y de la fiscal federal Alejandra Mángano.
Tras los allanamientos se ordenó el secuestro de celulares y un cuaderno con anotaciones. A su vez, se identificó a dos personas que quedaron sujetas a la investigación, ante la presunta comisión del delito de trata de personas con fines de explotación laboral.
El diputado provincial Fabián Palo Oliver (FAS) ingresó a la Cámara de Diputadas y Diputados un proyecto de comunicación por el cual solicita diversas informaciones relacionadas con un operativo realizado el pasado 4 de septiembre en el que se logró rescatar a 31 personas que se encontraban en condiciones de trabajo ilegal y de habitabilidad inhumanas.
Dicho procedimiento se llevó a cabo en la localidad de Pozo Borrado, departamento 9 de Julio, a la vera de la ruta provincial N°77, en los establecimientos agropecuarios denominados “La Revancha e Isabellina S.A.” y “Santa Ana”. El mismo fue ordenado por los fiscales Gustavo Onel, Federico Grim y Pablo Micheletti.
La requisitoria involucra a los Ministerios de Trabajo, de Gobierno e Innovación Pública, de Ambiente y Cambio Climático y de Seguridad y Justicia.
En cuanto a la solicitud de información, el legislador pretende saber si el Ministerio de trabajo intervino en el operativo del 4 de septiembre, si existen antecedentes de controles efectuados por esa dependencia en las explotaciones agropecuarias referidas y si se encuentran registrados como empleadores las firmas “La Revancha e Isabelliana S.A”. y “Santa Ana” y en caso de ser así, quienes son los responsables de las mismas.
En cuanto al Ministerio de Gobierno e Innovación pública, el Legislador también pregunta si las firmas antes mecionadas están inscriptas en el Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos y, en su caso, si están registradas como Sociedad. En caso de que la respuesta sea afirmativa, solicita que se remita la información y documentación de la sociedad.
Por su parte, al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático se le solicita que informe si se ha relevado mediante inspecciones el cumplimiento de la Ley Provincial N° 13372 por parte de los emprendimientos agropecuarios referidos.
Finalmente, se le solicita al Ministerio de Seguridad y Justicia que informe los datos registrables y catastrales del o los inmuebles donde se llevaron a cabo los procedimientos ordenados por la justicia Federal con identificación de sus titulares registrales, si existen antecedentes de denuncias ante autoridades policiales y/o del Ministerio respecto de los hechos acreditados a partir de los procedimientos ordenados por la justicia Federal y que informe sobre la participación de las fuerzas de seguridad provinciales en el operativo concretado el día 04/09/2025.
Entre los fundamentos, Palo Oliver puso de relieve que “en los dos campos se encontraron a 31 personas, todos hombres, dos de ellos menores de edad. Las personas vivían hacinadas, en campamentos improvisados con la arboleda y la vegetación. No contaban con agua potable ni instalaciones sanitarias y totalmente incomunicados y afectados a actividades laborales en condiciones infrahumana”.
“El operativo desnudó una realidad lejana de los centros urbanos pero real y que evidencia la necesidad de un Estado presente y efectivo que controle y evite esta clase de prácticas delictivas”, agregó.
Por último, Palo Oliver reflexionó: “No podemos naturalizar que dentro de la provincia de Santa Fe sea posible reducir las condiciones laborales a la esclavitud sin ningún tipo de actividad de parte de nuestro Estado Provincial para evitarlo y prevenirlo.
La explotación laboral como forma moderna de esclavitud implica jornadas laborales interminables, espacios habitacionales indignos y aislamiento no solo geográfico sino social que transforman a los trabajadores rurales en víctimas de un sistema que los condena a la invisibilidad a partir de la ausencia y/o ineficiencia del Estado; o lo que es peor, con su connivencia”.
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