La propuesta busca limitar el poder de los progenitores que no cumplan con sus responsabilidades parentales, como es el caso del cantante mexicano Christian Nodal, padre de la hija de la artista
El proyecto de “Ley Cazzu” será tratado en Argentina. Luego de su presentación en México, impulsado por tres abogadas feministas del AMBA, será promovido por el senador chubutense del Partido Justicialista, Carlos Linares.
Tal como detalló el propio Linares en sus redes sociales, las letradas redactaron, en conjunto con el político, el plan de enmienda que crea la “suspensión cautelar de la responsabilidad parental”.
“Esta propuesta permite a los jueces interrumpir temporalmente los derechos legales de un progenitor, en caso de que no cumpla con la cuota alimentaria o se ausente de la vida del menor por más de tres meses”, continuó el senador.
El planteo propone que la patria potestad no debe funcionar como una herramienta de control cuando existe incumplimiento de deberes, tal como lo relató Linares: “Buscamos priorizar el interés superior del niño frente a conductas negligentes o abusivas y evitar que quien no cumple pueda bloquear decisiones sobre los niños y las niñas”.
La propuesta toma como referencia la situación personal de la artista Cazzu, nombre con el que se conoce popularmente a Julieta Cazzuchelli, quien expuso públicamente sus conflictos legales con el artista mexicano Christian Nodal, padre de su hija, caso que adquirió visibilidad tras sus declaraciones en un podcast, donde relató tensiones vinculadas a permisos de viaje para su hija, Inti, y a poco de enterarse que Nodal mantenía una relación paralela.
En México, la iniciativa se conoció semanas atrás y estuvo en manos de la diputada Sandra Arreola Ruiz, quien impulsó el proyecto dentro del Partido Verde Ecologista, y la presentación se realizó en el marco del Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo.
Además, en México, el proyecto incluye la creación de mecanismos ágiles para que el progenitor a cargo pueda autorizar la movilidad sin depender del consentimiento de quien incumple sus obligaciones. El objetivo central apunta a evitar situaciones de bloqueo que afecten la vida cotidiana de los menores.
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