En abril se cerró temporalmente la sala de periodistas y cuando reabrió se impusieron nuevas restricciones. En este 7 de junio, día del periodista, un recorrido por el mapa de la hostilidad actual contra la prensa y las raíces de un fenómeno que cíclicamente acecha al derecho a la información
En la efeméride, un recorte: la libertad de expresión y prensa en Argentina hoy. Un disparador: el cierre de la sala de prensa en la Casa Rosada el pasado 23 de abril y la denuncia penal contra periodistas por un informe televisivo.
Este 7 de junio, Día del Periodista, El Ciudadano repasó la situación del trabajo periodístico en Argentina desde la asunción del gobierno de Javier Milei y, también, hitos en la historia, hilos conductores que trazan una posible cronología de la censura en nuestro país.
Por la fundación del primer diario argentino La Gaceta de Buenos Aires, el 7 de junio de 1810, se conmemora el día del periodista. La fecha se definió en 1938, cuando se realizó el Primer Congreso Nacional de Periodistas en Córdoba. Mariano Moreno fue el fundador de La Gaceta, quien lo pensó como un órgano de difusión de la Revolución iniciada el 25 de mayo con la creación de la Primera Junta.
El pasado 23 de abril, el gobierno de Javier Milei anunció el cierre temporal de la sala de prensa de la Casa Rosada y el bloqueo de acreditaciones a más de 60 periodistas. La misma había sido fundada durante la gestión de Roberto Marcelino Ortíz, a principios de la década del 40, y nunca había sufrido un cierre de estas características.
La justificación fue un informe de televisión transmitido por TN cuatro días antes, el 19 de abril. En el mismo, a través de unos anteojos con cámara, los periodistas habían filmado los pasillos de la Rosada. Todos los lugares filmados son públicos, formaban parte, incluso, de las áreas incluidas en las visitas guiadas que se realizan, abiertas al público.
El gobierno, primero, le quitó la acreditación al periodista que filmó. La Casa Militar, organismo que se ocupa de la seguridad presidencial, avanzó en una denuncia penal contra los periodistas por “espionaje ilegal”. El jueves se anunció el cierre de la sala de prensa argumentando que se había puesto en riesgo la seguridad nacional: fue la primera vez desde la recuperación de la democracia que pasó.
La Justicia no tardó en desestimar la denuncia penal. Pero vale aclarar que no es una acción aislada: en 2024 hubo 11 acciones judiciales, entre penales y civiles, contra periodistas; en 2025 hubo 30.
El 4 de mayo, se volvió a abrir la sala de prensa. El vocero Manuel Adorni dijo: “Somos el gobierno que más ha hecho por la libertad de prensa”.
La sala reabrió, pero de otra manera: ahora los periodistas ingresan desde un lateral de la Casa Rosada, hay más integrantes de la Casa Militar custodiando los pasillos, está prohibido el ingreso al Patio de las Palmeras y al balcón desde donde puede verse la entrada y salida de personas a la Casa Rosada. Además, la zona donde está el despacho de Santiago Caputo está vedada, lo mismo pasa con una de las puertas de entrada al despacho de Karina Milei. Es decir, cada vez se vuelven más opacos los movimientos de los funcionarios públicos.
Y por último, el día del cierre de la sala de prensa coincidió con la visita a la Casa Rosada de Peter Thiel, magnate tecnológico y cofundador de PayPal. De su reunión con el presidente y el canciller Pablo Quirno, no hay detalles.
Desde 2024 Argentina “volvió” al mundo, como les gusta decir a algunos oficialistas. Desde entonces Argentina figura en los ránkings que miden la libertad de prensa en los países, cada vez nuestro país muestra retroceder varios casilleros. La Federación Internacional de Periodistas y Reporteros Sin Fronteras nos tiene en agenda.
Desde que asumió la presidencia, Milei tiene en la mira a periodistas de -casi- todos los colores. De manera presencial y también, y sobre todo, de forma virtual, califica a los periodistas como delincuentes o ensobrados o terroristas o casta o escupe que “no los odian lo suficiente”. Uno de los últimos ataques de furia del mandatario ocurrió en fin de Semana Santa: 86 tuits suyos y 874 retuits con insultos y descalificaciones de todo tipo hacia la prensa.
A este clima y a las denuncias citadas anteriormente, se suman acciones concretas que obstaculizan el pleno ejercicio de la profesión: en 2024 hubo 50 casos de periodistas agredidos durante la cobertura de protestas donde intervienen las fuerzas de seguridad; en 2025, el número subió a 83. Las agresiones incluyen gases tóxicos, golpizas, detenciones arbitrarias y balazos de goma o cartuchos de gases lacrimógenos. El caso más grave ocurrió en marzo de 2025, cuando un gendarme disparó contra la cabeza de Pablo Grillo, el fotorreportero tuvo graves daños cerebrales y se recupera de a poco.
Para el Foro Argentino de Periodistas (FOPEA), que realiza relevamientos sobre la libertad de expresión desde 2008, el 2025 fue el año más grave por los discursos oficiales estigmatizantes, las agresiones físicas, los ataques legales y restricciones al acceso a la información.
En diciembre de 2025, organismos de derechos humanos y de prensa como el Foro Argentino de Periodistas (FOPEA) expusieron ante la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos (CIDH) para alertar la grave situación.
Hay otro hecho fundamental: el cierre de Télam, la agencia pública de noticias. Había sido creada en 1945, para disputar la hegemonía de agencias de prensa extranjeras en el país. En sus casi ocho décadas de funcionamiento tuvo distintos usos e intentos de cierre.
Hace dos años, cuando se cerró definitivamente, Télam contaba con un enorme servicio informativo en formato texto, foto, video, infografía y audio en todas las secciones (política, deportes, economía, espectáculos, cultura, policiales); con corresponsales en varias ciudades de todas las provincias argentinas y casi 9 millones de visitas mensuales a su web.
Su archivo incluía unos 38 mil registros audiovisuales y 3 millones de documentos periodísticos. Era información de calidad, verificada y era producida en función del rol social que ocupa el derecho a la información, no en función de su rentabilidad. Esto último marcaba la diferencia, era la fuente primaria con la que los periodistas de todo el país trabajaban a diario. Esto es también una nueva traba para el ejercicio del oficio.
El primer embate contra la agencia vino una década después de su creación: con la instauración de la dictadura del 55, de la mano de Eduardo Lonardi y Pedro Eugenio Aramburu. Fue puesta bajo la órbita de la Fuerza Aérea, con capitales mixtos. Hubo periodistas exiliados y un recorte a la cantidad de corresponsales.
Con el gobierno de Arturo Frondizi, luego de elecciones sin la participación del peronismo que estaba prohibido, hubo un intento privatizador, la idea era volverla una sociedad anónima. En el 63, con José María Guido en el poder, antes de las elecciones que resultarían en el gobierno de Arturo Illía, se clausuró temporalmente bajo la acusación de que la agencia difundía “información falsa que atenta contra el orden público y la tranquilidad nacional”.
Fue la dictadura de Juan Carlos Onganía la que entendió que la agencia podía servirle de órgano de propaganda, aunque la cobertura de las revueltas como el Cordobazo en el 69 le complicaron la intentona. Entre el 75 y 78, hubo tres corresponsales de la agencia desaparecidos.
La última dictadura militar no cerró la sala de prensa, mantuvo el trabajo de Télam: la censura gobernaba las publicaciones, la Junta Militar sabía que necesitaba que llegara a la población la versión oficial del terrorismo de Estado que se desplegaba por todo el territorio nacional. Télam como instrumento de propaganda.
Con la recuperación de la democracia se supo, además, que los militares habían destruido parte del archivo de la agencia. A Raúl Alfonsín, agencias privadas de noticias le solicitaron el cierre de Télam: se negó. Con Carlos Saúl Menem, se intervino la agencia en 1992 y desde 1994 se intentó un proceso de liquidación, aunque no se logró.
Llegó Fernando De la Rúa e intentó, como tantos, cerrarla. Tampoco pudo. El registro de Télam de diciembre de 2001 es un archivo que vale oro.
Desde 2003 hubo un proceso de crecimiento y modernización: pasaron a un edificio más grande, aumentó la cantidad de corresponsales por todo el país y se extendieron también a países vecinos así como aumentó la colaboración con agencias internacionales.
En 2018, bajo el gobierno de Mauricio Macri con un fuerte discurso estigmatizante contra todos los trabajadores públicos, se valló el edificio y se despidió a 350 periodistas con distintos años y décadas de antigüedad. Muchos de ellos debieron ser reincorporados tras judicializarse los despidos.
Hay una relación directa entre las limitaciones a la libertad de expresión para la ciudadanía y la libertad de prensa. En los últimos años, el crecimiento feroz de los operativos de las fuerzas de seguridad en protestas y movilizaciones, tuvo impacto directo en los periodistas que se encontraban cubriendo los hechos. La persecución judicial contra periodistas, empeora las condiciones para escribir libremente sin sufrir represalias.
En este sentido, El Ciudadano intentó establecer algunos hilos conductores. Cuando en 1955 se derrocó al gobierno de Juan Domingo Perón, después de dos bombardeos y la amenaza de más acciones terroristas, se aplicó en Argentina el decreto 4161. Ya con Aramburu en el poder, la medida impuso en todo el territorio nacional la prohibición del uso de fotos, retratos o esculturas de los líderes justicialistas, de ex funcionarios de la gestión y sus propios familiares. Además de la disolución del Partido Justicialista y su proscripción por 18 años, se prohibió el uso de determinadas palabras: peronismo, peronista, justicialismo, justicialista, Perón, Evita. Suelen asociarse estas medidas como acciones que sólo limitaban la vida de los peronistas, como si anudar la libertad de unos no cercara la libertad de todos.
La aplicación del decreto en medios se tradujo en penas desde 30 días hasta 6 años de prisión para aquellos que no cumplieran o la clausura temporal o definitiva de medios. Ya en esos años, grupos de abogados y gremios se manifestaron contra estas medidas. En el medio, ya con Arturo Frondizi se empezó a aplicar el Plan Conintes que fue la forma de legalizar la persecución al adversario político de la época y llenar las cárceles de peronistas y comunistas.
Con la dictadura de Onganía, la represión a la protesta social empeoró y las revistas culturales y políticas, que proliferaban en Argentina desde la década del veinte, sufrieron censura y cierres permanentes.
Con la llegada del último golpe de Estado, el mismo 24 de marzo de 1976 se anunció una treintena de comunicados: el número 19 fue la formalización de la censura, aplicaba penas de reclusión por tiempo indeterminado por difundir noticias que desprestigiaran a las fuerzas armadas o por comunicar acciones o imágenes de grupos considerados “subversivos”.
Además, desde las primeras semanas del autopercibido Proceso de Reorganización Nacional se instaló el Servicio Gratuito de Lectura Previa que era la forma edulcorada de nombrar a la censura. Eso se tradujo además en la propia autocensura que debieron imponerse cientos de periodistas para no caer en manos del régimen. Los últimos registros indican al menos 220 periodistas desaparecidos en este periodo.
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