Las prestaciones de salud están cada vez más amenazadas en la Argentina ante el avance de la “judicialización” de la medicina, con demandas acumuladas que superan los 7 mil millones de pesos y afectan a unos 30 mil médicos, aumentan a un ritmo del 10 por ciento anual y perjudican la calidad de atención de los pacientes. Desde las instituciones del sector denuncian que estudios jurídicos “especializados” en la denominada “industria del juicio en la medicina” apelan cada vez más a los amparos, y embisten sobre los sistemas de atención médica que deben desviar recursos destinados a la salud para afrontar requerimientos incesantes de un ejército de abogados y contadores, en los que cada demanda no baja de los 500 mil pesos, denunció la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami).
La entidad, que nuclea a 27 prestadores sin fines de lucro, como Cemic, Fleni, Osde, y los hospitales Alemán, Británico e Italiano, entre otras instituciones, organiza el XIII Congreso Argentino de Salud, que este año se realizará entre el 1º y el 3 de septiembre en Mendoza y San Juan, y donde prestadores, profesionales de la salud y jueces analizarán la problemática de los amparos y el proceso de “judicialización” de la medicina.
Las entidades nucleadas en Acami advirtieron que todos los años se inician unas 700 demandas por mala praxis –la mayoría aprovechando el beneficio de litigar sin gastos–, y aunque sólo el 6 por ciento llega a una condena, igual obligan a profesionales y centros de atención a contratar seguros cada vez más onerosos con fuerte incidencia en los costos del sector.
El titular de Acami, Marcelo Mastrángelo, destacó la trascendencia de acercar el sistema judicial a los distintos aspectos del funcionamiento de las ciencias médicas, ya que “es frecuente que el juez termine convirtiéndose en una víctima”.
“Es imperioso comprender que la medicina no es una ciencia exacta, que el médico trabaja entre la incertidumbre y el riesgo, y que a veces se necesitan tratamientos arriesgados para salvar una vida. Con médicos aterrorizados, esas posibilidades se pierden”, alertó Mastrángelo.
Según un informe de Acami, las “consecuencias de estas demandas inescrupulosas son clínicas quebradas, obras sociales en concurso, uno de cada cinco médicos demandados, un crecimiento exponencial que multiplicó por 10 las demandas en la última década y la desfinanciación del sistema por litigios que en casos extremos llegan hasta los 6 millones de pesos”.
Ante ese cuadro, se produjo el retiro de aseguradoras del mercado, existe un mal uso de los recursos y los litigios le costaron más de 3.500 millones de pesos al sistema de salud en la última década, afirman.
Un relevamiento realizado por Acami entre 56 instituciones comprobó un promedio de 10 juicios por mala praxis por establecimiento, por un total de 280 millones de pesos, que promedian más de 500 mil pesos por cada demanda.
En el caso de las obras sociales, las demandas superan los 490 millones de pesos, en tanto que el Fondo de Redistribución Solidario Nacional dispone de 500 millones por año para financiar todos los programas de HIV-Sida, trasplantes y discapacidad.
Entre las propuestas de reforma legal impulsadas por el sector, se incluye reducir de diez a dos años el plazo de prescripción de las acciones por responsabilidad civil contractual, terminar con el beneficio de litigar sin gastos y que las pericias estén a cargo de los cuerpos técnicos oficiales.
Las demandas por mala praxis crecieron en las últimas décadas: hasta 1953 sólo había 3 en toda la historia judicial argentina, y en 1958 la cifra se elevó a 8. A partir de los 60 la litigiosidad comenzó a incrementarse y en la actualidad, sólo en Capital Federal, se presentan alrededor de 550 demandas por mala praxis por año.
