La misión argentina de observadores en Colombia denunció «terrorismo de Estado»

La Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos de la Argentina que viajó a Colombia para relevar la situación en las protestas denunció que lo que está aconteciendo «es una masacre y el ejercicio del terrorismo de Estado sobre la población».

«Acá la situación es absolutamente crítica, se han viralizado videos donde se muestra la actuación de las fuerzas policiales en conjunto con civiles», informó Marianela Navarro, delegada de Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y parte de la delegación que viajó a Colombia el 25 de mayo, en un audio enviado a la prensa.

Navarro, quien está relevando la situación en Cali, la ciudad más afectada por la violencia, dijo que en las últimas 24 horas «se reportaron entre ocho y 10 jóvenes asesinados por la Esmad», el cuerpo policial antidisturbios, pero que «ya son más de 40 los asesinados» en la capital del Valle de Cauca.

Según denunció, además de la «represión de la fuerza pública», se suma «la actuación del sector paramilitar», representado, sostuvo, en esos civiles que el viernes dispararon en Cali y fueron filmados por grabaciones caseras.

«Existe una evidente connivencia», denunció.

Al caer la noche, Navarro explicó que la misión se encuentra dividida en cinco ciudades recabando denuncias directas de víctimas y sus familiares: Cali, Pereira, Medellín, Popayán y Bogotá.

«Hay muchísimas denuncias de desapariciones, torturas, vejaciones, daños oculares, abusos sexuales a mujeres en situaciones de detención, falsos positivos, montajes judiciales», explicó en diálogo con la agencia Télam y destacó que el Estado está dando «un tratamiento militar a reclamos sociales, económicos y políticos».

«Esto es una tragedia y consideramos que se están cometiendo delitos de lesa humanidad», sentenció y pidió dar visibilidad internacional a lo que está sucediendo en Colombia.

Colombia cumplió el jueves un mes del Paro Nacional que nació como rechazo a una reforma fiscal, luego retirada por el Gobierno de Iván Duque que decidió militarizar las calles, lo que derivó en represión y acusaciones de abuso sexual por parte de las fuerzas, y en denuncias de disturbios, saqueos y actos de vandalismo en manos de los manifestantes.

Al menos 59 personas murieron durante las protestas, la mayoría a manos de efectivos de la Fuerza Pública, y 866 civiles resultaron heridos, de los cuales al menos 50 sufrieron lesiones oculares por disparos efectuados por la policía, según denuncias de organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Además, se detuvo de manera arbitraria a al menos 2.152 personas y se cometió violencia de género contra 87 personas.