Le dio un plazo para que regularice la situación luego de la protesta de choferes y dueños de taxis. La firma se presenta como un simple nexo entre usuarios particulares y corporativos y medios de transportes. La acusan de evadir así normas del servicio y laborales, y competir ilegalmente
Los taxistas –choferes y dueños de unidades– pusieron el grito en el cielo y la Municipalidad de Rosario revisó la habilitación a la empresa Cabify para que opere con su aplicación en el rubro remisería con el «servicio de apoyo al sistema».
La medida es de la Secretaría de Transporte y Movilidad y lleva la firma de su titular, Mónica Alvarado. Dispone «la suspensión preventiva de la autorización» y le otorga a la empresa, que opera no sin resistencias y conflictos en España, América Latina y Portugal, un plazo «improrrogable de 48 horas» para que «adecúe la prestación de su servicio a la habilitación otorgada y a la normativa que la rige, bajo apercibimiento de revocación de la habilitación mencionada».
La firma en cuestión se presenta como una plataforma tecnológica de movilidad que, a través de una aplicación para teléfonos inteligentes, pone en contacto a usuarios particulares y empresas con diferentes formas de transporte. Lo que en varias geografías en la que desembarcó, al igual que en Rosario, se le plantea, es que bajo su modelo de negocios evade las normativas de las regulaciones locales y las obligaciones laborales. Es que quienes prestan efectivamente los servicios de movilidad que promociona no lo hacen bajo la figura de trabajadores sino de asociados. La ganancia de Cabify, y otras similares como Uber, es el porcentaje que les cobra a los titulares de las unidades con las que se realizan los traslados, quienes además corren con todos los riesgos respecto de siniestros de tránsito o seguridad de los pasajeros.
Cabify fue fundada en mayo de 2011 por Juan de Antonio, un empresario español, ingeniero de telecomunicaciones graduado en la Universidad de Stanford.
La Municipalidad de Rosario, ante la protesta de los prestadores del servicio de taxis por la competencia de la aplicación, que juzgan ilegal, dio marcha atrás con la resolución fechada el 2 de junio de 2017 en base al estudio de su «campaña publicitaria» que, interpreta el Ejecutivo local, «el objetivo para el cual está habilitada».
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