La nueva Ley Orgánica de Municipios, una de las iniciativas centrales derivadas de la reforma constitucional de 2025, continúa su recorrido parlamentario sin una fecha definida para su media sanción. Lo que el oficialismo había previsto como un trámite rápido en sesiones extraordinarias se transformó en un debate que ya se extendió más allá de la apertura del período ordinario, el pasado 15 de febrero.
En ese contexto, la visita del senador Felipe Michlig a Rosario no fue un hecho aislado, sino un eslabón más en una cadena de negociaciones que el gobierno provincial viene sosteniendo con los actores clave de la vida municipal: intendentes, concejales y legisladores de los distintos espacios que integran la coalición Unidos.
La comitiva encabezada por Michlig, de la que participaron los senadores Ciro Seisas (Rosario), Leticia Di Gregorio (General López), Leonardo Diana (San Gerónimo) y Pablo Verdecchia (Belgrano), inició la jornada en el Palacio de los Leones con una reunión con el intendente Pablo Javkin y parte de su gabinete. Posteriormente, la delegación se trasladó al Concejo Municipal, donde mantuvo un encuentro de trabajo con concejales del bloque Unidos encabezados por la presidenta del cuerpo, María Eugenia Schmuck.
Esta visita a Rosario había sido anunciada a comienzos de febrero, pero debió postergarse en su momento debido a la crisis desatada por el conflicto con la policía en la ciudad de Rosario, que alteró la agenda política de esa semana. Finalmente, pudo concretarse el miércoles pasado, completando así la ronda de consultas que el bloque oficialista del Senado había iniciado a principios de mes en la capital provincial con el intendente Juan Pablo Poletti, concejales y el Foro de Intendentes y Presidentes Comunales del radicalismo.
La demora en el tratamiento del proyecto no responde a falta de diálogo, sino a la complejidad de los temas en discusión. Según explicó a mediados de febrero la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, los asesores legislativos han identificado «más de 200 puntos a tener en cuenta» en la revisión del texto.
Las principales diferencias dentro de la coalición oficialista giran en torno a tres ejes: la creación de la figura del viceintendente en las ciudades de Rosario y Santa Fe, la cantidad de concejales que tendrán los municipios según su población, y la asignación de recursos y funciones entre los distintos órganos de gobierno.
En particular, la figura del viceintendente concentra las mayores fricciones entre la UCR y el socialismo. Mientras que el intendente de Rosario, Pablo Javkin, impulsa su creación, en el Partido Socialista existen reservas sobre el alcance que tendría ese cargo. Un borrador que circuló en las negociaciones establece que las ciudades con más de 200 mil habitantes que aún no hayan dictado su carta orgánica contarán con «un intendente a cargo de la función ejecutiva y un Concejo Municipal, a cargo de la función legislativa, presidido por el viceintendente».
Otro de los temas sensibles que demoró el tratamiento fue la omisión del Fondo de Asistencia Educativa (FAE) en el texto original enviado por el Poder Ejecutivo. La diputada del peronismo Celia Arena había advertido que el proyecto ponía «en serio riesgo la continuidad del FAE», al eliminar toda referencia al fondo que garantiza el 10% de las rentas municipales para infraestructura escolar.
Ante esta situación, el Poder Ejecutivo envió al Senado una nota para incorporar un artículo específico sobre el FAE, reconociendo que se trató de una «omisión involuntaria». Días antes de la visita a Rosario, Michlig había presidido en el Senado una reunión con representantes de la Confederación de Cooperadores Escolares, quienes plantearon observaciones sobre el tratamiento del fondo en el marco de la nueva normativa y destacaron la importancia de garantizar la transferencia de recursos por parte de municipios y comunas.
A diferencia de lo que se manejaba semanas atrás, cuando se mencionaba el 26 de febrero como fecha límite para la media sanción, hoy no hay una nueva convocatoria confirmada para el debate en el recinto. Las negociaciones continúan en mesas técnicas y encuentros políticos, con el objetivo de alcanzar un dictamen que reúna los consensos necesarios dentro de la coalición gobernante y, eventualmente, con sectores de la oposición.
El gobierno provincial tiene plazo hasta septiembre de 2026 para sancionar la nueva ley, según lo establece la cláusula transitoria vigésima quinta de la Constitución reformada. Ese margen de tiempo permite al oficialismo profundizar las consultas sin la presión de los plazos extraordinarios, aunque la expectativa sigue siendo despachar la iniciativa en el primer trimestre del año.
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