La Oficina Municipal de Derechos Ciudadanos expresó su preocupación ante la posible eliminación del régimen de zona fría

La Oficina Municipal de Derechos Ciudadanos, Consumidores y Usuarios de Rosario manifestó su preocupación ante las iniciativas que plantean la eliminación o reducción de los beneficios contemplados en el Régimen de Zona Fría.

«Se trata de una herramienta que permitió amortiguar el impacto de los aumentos tarifarios sobre miles de hogares y que hoy constituye un alivio concreto para familias que destinan una parte cada vez mayor de sus ingresos al pago de servicios esenciales», dijeron.

«Las políticas públicas deben contemplar las realidades territoriales y sociales de nuestro país. El acceso a la energía no puede analizarse únicamente desde una perspectiva fiscal, sino también desde su impacto en la vida cotidiana de las personas. Para muchos hogares, especialmente de sectores medios, jubilados y familias con ingresos ajustados, el servicio de gas es una necesidad básica y no un gasto prescindible», añadieron.

«En Rosario observamos diariamente consultas vinculadas a dificultades para afrontar tarifas, refinanciaciones, endeudamiento y situaciones de vulnerabilidad económica que se profundizan cuando aumentan los costos de los servicios públicos», ampliaron, y de inmediato concluyeron: «Por eso consideramos que cualquier modificación al régimen vigente debe realizarse con criterios de gradualidad, razonabilidad y protección efectiva de los usuarios y consumidores, evaluando el impacto que estas decisiones tendrán sobre millones de argentinos».

«Defender mecanismos que atenúen el peso de las tarifas sobre los hogares no implica desconocer la necesidad de discutir la sustentabilidad de los sistemas de subsidios. Implica reconocer que las políticas públicas deben encontrar un equilibrio entre la responsabilidad fiscal y la protección de derechos esenciales», sostuvieron desde la Oficina.

«Desde esta Oficina seguiremos acompañando, asesorando y defendiendo a los usuarios y consumidores, promoviendo decisiones que contemplen la realidad concreta de las familias y garanticen condiciones de acceso razonables a los servicios públicos esenciales», cerraron.