La Organización Internacional del Trabajo aprobó un convenio histórico para quienes trabajan a través de aplicaciones digitales. ¿Qué es la OIT, qué derechos reconoce y por qué la decisión impacta sobre el debate laboral global?
Camila de la Cruz Gretter / Especial para El Ciudadano
Durante años, el crecimiento de aplicaciones como Uber, Rappi, Pedidos Ya o Cabify abrió una discusión que todavía divide a gobiernos, empresas, sindicatos y especialistas en relaciones laborales: ¿quienes trabajan mediante estas plataformas son trabajadores independientes o empleados con derechos laborales?
La pregunta no es menor. De su respuesta dependen cuestiones tan concretas como el acceso a vacaciones, licencias, cobertura frente a accidentes, aportes jubilatorios, negociación colectiva y protección frente a despidos. En este contexto, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó recientemente un convenio considerado histórico para el trabajo en plataformas digitales, estableciendo estándares mínimos de protección para millones de personas que desarrollan su actividad a través de aplicaciones.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es un organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) creado en 1919 con el objetivo de promover condiciones de trabajo dignas en todo el mundo.
Una de sus particularidades es su estructura tripartita: en sus espacios de decisión participan representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores. Esto convierte a la OIT en uno de los pocos organismos internacionales donde los sindicatos y las organizaciones empresariales intervienen formalmente en la elaboración de normas laborales internacionales.
A lo largo de su historia, la OIT impulsó convenios fundamentales vinculados a libertad sindical, negociación colectiva, prohibición del trabajo infantil, igualdad de oportunidades y protección de los trabajadores.
Durante la 114° Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en Ginebra, la OIT aprobó el Convenio sobre el Trabajo Decente en la Economía de Plataformas, una norma destinada a establecer garantías mínimas para quienes trabajan a través de plataformas digitales. La iniciativa obtuvo un amplio respaldo: 406 votos a favor, 8 en contra y 36 abstenciones.
La medida alcanza a repartidores, conductores y otras personas que obtienen ingresos mediante aplicaciones digitales.
El convenio busca garantizar principios básicos asociados al concepto de trabajo decente impulsado históricamente por la OIT. Entre otras cuestiones, establece la necesidad de que quienes trabajan mediante plataformas digitales cuenten con condiciones laborales seguras, acceso a sistemas de protección social y resguardos frente a accidentes de trabajo. También reconoce la importancia de la libertad sindical y la negociación colectiva, incorpora criterios de transparencia sobre el funcionamiento de los algoritmos que organizan y supervisan las tareas, y promueve que las decisiones que afectan a los trabajadores (como suspensiones o bloqueos de cuentas) no dependan exclusivamente de procesos automatizados. Además, contempla medidas orientadas a prevenir situaciones de violencia o acoso y a garantizar un mayor acceso a la información sobre la forma en que las plataformas gestionan el trabajo.
La relevancia del convenio no radica únicamente en los derechos que enumera, sino en el reconocimiento de una realidad laboral que creció aceleradamente durante los últimos años.
Las plataformas digitales suelen presentarse como intermediarias tecnológicas que conectan usuarios con prestadores de servicios independientes. Sin embargo, distintos sectores vienen cuestionando esa definición al señalar que las aplicaciones organizan el trabajo, asignan tareas, establecen criterios de evaluación e incluso pueden limitar o bloquear el acceso de quienes trabajan en ellas.
La decisión de la OIT no elimina el debate jurídico existente en cada país, pero establece una referencia internacional sobre la necesidad de garantizar derechos laborales mínimos para quienes desarrollan actividades mediante plataformas digitales.
Aunque el convenio deberá ser ratificado por los Estados para incorporarse plenamente a sus ordenamientos jurídicos, su aprobación marca un punto de inflexión en una de las discusiones laborales más importantes de las últimas décadas.
En un contexto donde las formas de empleo cambian a gran velocidad, la pregunta que atraviesa el debate sigue siendo la misma: cómo garantizar derechos laborales en trabajos organizados por tecnologías que no encajan completamente en las categorías tradicionales.
Detrás de cada pedido entregado, de cada viaje realizado o de cada tarea asignada por una aplicación, hay personas que trabajan. Y la discusión abierta por la OIT vuelve a colocar en el centro una cuestión tan antigua como vigente: qué condiciones mínimas debe reunir un trabajo para ser considerado verdaderamente digno.
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