Notificó al Gobierno nacional, que debe enviar una respuesta ante los pactos internacionales vigentes. Piden cambios en plena reforma constitucional
La Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, envió una dura advertencia al gobierno argentino por el régimen disciplinario de fiscales vigente en Santa Fe. A través de una comunicación oficial, pidió revisar el sistema que regula su designación y remoción, advirtiendo que no se ajusta a los estándares internacionales de derechos humanos y podría comprometer la independencia funcional del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
El pronunciamiento se da en un contexto clave: la provincia atraviesa un proceso de Reforma Constitucional y, para la ONU, «es una oportunidad para corregir normas que permitirían la injerencia política sobre fiscales». Satterthwaite pidió expresamente que se garantice un sistema disciplinario que respete las garantías de imparcialidad, audiencia justa y posibilidad de revisión judicial. También criticó la actual discrecionalidad del Poder Ejecutivo para nombrar fiscales subrogantes.
El documento llegó desde Suiza a Cancillería a partir de un planteo que elevaron la Asociación de Fiscales de Santa Fe y la Asociación Argentina de Fiscales.
La Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, envió una dura advertencia al gobierno argentino por el régimen disciplinario de fiscales vigente en Santa Fe. A través de una comunicación oficial, pidió revisar el sistema que regula su designación y remoción, advirtiendo que no se ajusta a los estándares internacionales de derechos humanos y podría comprometer la independencia funcional del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
El pronunciamiento se da en un contexto clave: la provincia atraviesa un proceso de Reforma Constitucional y, para la ONU, «es una oportunidad para corregir normas que permitirían la injerencia política sobre fiscales». Satterthwaite pidió expresamente que se garantice un sistema disciplinario que respete las garantías de imparcialidad, audiencia justa y posibilidad de revisión judicial. También criticó la actual discrecionalidad del Poder Ejecutivo para nombrar fiscales subrogantes.
El documento llegó desde Suiza a Cancillería a partir de un planteo que elevaron la Asociación de Fiscales de Santa Fe y la Asociación Argentina de Fiscales.
Según la ONU, el actual régimen —establecido por la ley 13.807— habilita al Poder Legislativo provincial a avocarse directamente a causas disciplinarias contra fiscales, lo que, según la relatora, habilita presiones políticas. De hecho, señaló que en estos procesos la Legislatura puede investigar, acusar y sancionar sin una instancia judicial que controle las decisiones, lo que pone en riesgo el principio de legalidad y el derecho al debido proceso.
La política se quedó con el régimen disciplinario de forma exclusiva cuando en 2018 los fiscales de Delitos Económicos de Rosario investigaban irregularidades con subsidios en el Senado. Lo motorizó Armando Traferri y se aprobó en diciembre, sobre tablas (sin debate).
La ONU también objetó que se mantenga la figura del juicio político como método de remoción de fiscales, una herramienta que debería reservarse para otras figuras institucionales y no para funcionarios técnicos del sistema acusatorio. En su lugar, reclamó procedimientos disciplinarios específicos, con garantías claras, plazos definidos y posibilidad de defensa, como lo exigen las directrices internacionales.
Otro eje crítico es la designación de fiscales. La normativa actual permite al Ejecutivo elegir entre postulantes sin orden de mérito ni explicación objetiva, tanto para nombramientos definitivos como subrogancias por hasta cuatro años. Para la ONU, esta discrecionalidad erosiona la autonomía funcional del MPA y deja a los fiscales expuestos a decisiones políticas, sin estabilidad ni protección frente a presiones externas.
La relatora además alertó sobre la utilización de una resolución interna de la Comisión de Acuerdos de la Legislatura (803/2018), basada en una ley derogada y no publicada oficialmente, que aún hoy rige procedimientos disciplinarios. Esa normativa, afirma el documento, carece de validez legal y vulnera derechos fundamentales como el derecho a la defensa y el acceso a un tribunal imparcial.
El informe recuerda que la Constitución Nacional establece que el Ministerio Público debe ser un órgano independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera. Y sugiere que Santa Fe incorpore ese criterio en su carta magna. “Es una oportunidad para alinear el sistema provincial con los estándares internacionales y evitar futuras responsabilidades del Estado ante tribunales internacionales”, sostiene la ONU.
Finalmente, la Relatora solicitó al Gobierno Nacional que haga llegar su recomendación a las autoridades provinciales, e invitó a que Santa Fe utilice el proceso constituyente para corregir el régimen vigente. “La falta de independencia funcional mina la confianza en la justicia y abre la puerta a la impunidad”, concluyó.
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