La Procuraduría de Investigaciones Administrativas solicitó información a la Secretaría General sobre el vuelo oficial a Nueva York. Analiza si hubo incumplimiento de deberes, mientras la justicia federal sigue otra causa por viajes, propiedades y movimientos patrimoniales.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) avanzó con nuevas medidas en la investigación sobre el viaje oficial a Nueva York y puso el foco en la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei, a quien le pidió información clave para determinar si existió algún tipo de irregularidad.
El expediente se abrió hace más de veinte días por decisión del fiscal general Sergio Rodríguez, quien ordenó actuar de oficio tras la difusión pública del caso. El eje está puesto en el vuelo presidencial que trasladó a Javier Milei a la Argentina Week, donde también viajó Bettina Angeletti, esposa de Manuel Adorni.
La investigación analiza si ese traslado pudo implicar un incumplimiento de los deberes de funcionario público. La intervención de la PIA se explica por su competencia directa sobre posibles delitos cometidos por integrantes del Poder Ejecutivo Nacional.
En paralelo, la causa avanza mientras la justicia federal mantiene abierta otra pesquisa sobre el vocero presidencial y jefe de Gabinete. Ese expediente, a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, indaga un presunto enriquecimiento ilícito vinculado a 17 viajes y la compra de tres propiedades.
Desde la PIA aclararon que el expediente tiene carácter administrativo y se encuentra en una etapa de plena recolección de pruebas. “Se van a verificar las diferentes situaciones y después se analizará si las acciones podrían encuadrar la comisión de algún delito”, indicaron.
Para avanzar, el fiscal Rodríguez firmó un oficio en el que solicitó a la dependencia que conduce Karina Milei la nómina completa de pasajeros del vuelo, los costos y todos los datos vinculados a la operatoria del traslado oficial.
Uno de los interrogantes centrales es si correspondía que la esposa de Manuel Adorni viajara en ese avión. La investigación tiene dos posibles desenlaces, desde descartar cualquier irregularidad hasta impulsar una denuncia penal si se detectan hechos que encuadren en delitos contra la administración pública.
Mientras tanto, la causa judicial que tramita en Comodoro Py incorporó nuevos datos sobre el regreso del viaje. Según registros de la empresa Delta, Manuel Adorni y Bettina Angeletti volaron el 14 de marzo de 2026 en el vuelo JFK-EZE DL 115, que partió a las 22:25 y aterrizó en Ezeiza a las 10:15 del día siguiente.
La documentación indica que el funcionario ocupó el asiento 1G, sin equipaje despachado, con una reserva asociada a “Misión Oficial”, mientras que su pareja viajó en el asiento 1C y despachó dos valijas. Los tickets registraron un costo de 4.910,35 dólares para él y 5.154,55 dólares para ella.
Desde la Casa Rosada explicaron que el pasaje del jefe de Gabinete fue cubierto por el Estado en el marco de la gira oficial y que “los ministros viajan siempre en primera clase”. En cuanto al ticket de Angeletti, señalaron que fue abonado por el propio funcionario.
A partir de esos datos, la fiscalía busca determinar si existe respaldo económico suficiente para justificar los gastos, en función del salario del funcionario y los ingresos de su pareja, quien es titular de una consultora.
El análisis se amplía a otros movimientos. Entre ellos, un viaje en vuelo privado a Punta del Este por más de 4.800 dólares cuyo financiamiento aún no fue detallado, y un traslado familiar a Aruba entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025, con pasajes en primera clase de 1.450 dólares cada uno, pagados en efectivo.
En ese contexto, el fiscal Gerardo Pollicita pidió a distintas aerolíneas información detallada sobre otros viajes, incluyendo tickets, costos, modalidad de pago y asignación de asientos, con el objetivo de reconstruir el circuito financiero.
La causa también incluye la revisión de operaciones inmobiliarias vinculadas a tres propiedades: una casa en un barrio privado de Exaltación de la Cruz, en Indio Cuá, y dos departamentos ubicados en Parque Chacabuco y Caballito.
El expediente se originó a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano, quien planteó la existencia de un “desproporcionado incremento patrimonial”. Desde el Gobierno rechazaron esa acusación y sostuvieron que “todo quedará clarificado cuando se conozcan las últimas declaraciones juradas”.
La declaración patrimonial de Manuel Adorni, correspondiente al período fiscal cerrado el 31 de diciembre de 2025, debe incluir las adquisiciones del country y el departamento de 135 metros cuadrados en Caballito, operaciones que en conjunto alcanzaron los 350 mil dólares.
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