La provincia amplió las pruebas contra Vicentin para justificar “la necesidad de intervención”

La titular de la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Fe, María Victoria Stratta, le envió al juez a cargo del concurso de la empresa Vicentin, Fabián Lorenzini, un documento de 19 páginas en el cual ofrece pruebas para sustentar el escrito por el que se solicitó la intervención de la firma, el 19 de junio.

En su escrito, Stratta reafirma que la participación de Vicentin en otras sociedades nacionales y extranjeras no es minoritaria –como sostiene la empresa– y menciona además las maniobras de venta y donación de los bienes de los directores.

La funcionaria sostiene que las vinculaciones societarias ocultadas por Vicentin al momento de pedir el concurso preventivo y la conducta de sus directivos respecto de sus bienes “no hacen sino corroborar la necesidad de intervención de la administración”.

En ese sentido, Stratta ofrece como pruebas “el estado del activo presentado por la concursada (Vicentin) en el expediente de concurso” y la propia página web del grupo “donde se demuestra que hace suyas todas las empresas en las que dice contar con participaciones ínfimas”.

También se mencionan los estados contables no sólo de Vicentin SAIC sino de diversas sociedades de las que forma parte, “en algunos casos con control declarado, en otros no; en algunos casos es accionista directa; en otros lo son sociedades que ella controla”.

Stratta sostiene que “la sociedad cuenta con ejemplares de esos estados contables” y que “habrá de intimarse a su representante legal su presentación, bajo apercibimientos de ley”. También menciona “estados contables, incluyendo balance general, memoria, informes de sindicatura societaria y de auditoría externa” de los ejercicios 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 y dice que “se intimará su presentación a Vicentin SAIC”.

En su escrito, la titular de la Inspección General de Personas Jurídicas indica además que “resultan relevantes las notas a los estados contables del ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2019”, ya que “el plazo de confección y consideración se halla largamente cumplido y su vencimiento operó antes de que se produzcan las limitaciones emergentes de las medidas sanitarias dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional”.

Para la IGPJ, “estos estados contables son fundamentales porque abarcan el ejercicio inmediato anterior a incursión en estado de cesación de pagos” y señala que “lo último que se tiene es el ejercicio 60, cerrado el 31 de octubre de 2018, en el que ni siquiera se vislumbra la hecatombe”.