La provincia rechazó el intento judicial del hijo de Esteban Alvarado para recuperar la quinta Los Muchachos

El gobierno de Santa Fe, a través de sus principales funcionarios de Seguridad y Justicia, salió al cruce este viernes de una demanda judicial iniciada por Santino Alvarado, hijo del capo narco Esteban Alvarado, que busca recuperar una quinta incautada en el paraje Los Muchachos de Piñero. 

La propiedad, valuada en unos 200 mil dólares, fue decomisada por la Justicia hace un año atrás en el marco de una investigación en la que quedó señalada como el lugar donde fue secuestrado y asesinado el prestamista ligado a Los Monos, Lucio Maldonado cometido el 13 noviembre de 2018. 

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y el secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, anunciaron en una conferencia de prensa que la provincia responderá judicialmente para impedir la restitución del inmueble. 

La demanda, presentada por el hijo de Alvarado ante el Juzgado de Circuito de la 2° Nominación, fue notificada el jueves 7.

«Hasta las últimas consecuencias»

Cococcioni fue contundente al afirmar que la política de decomiso de bienes es fundamental para la política criminal del gobierno. «De nada sirve gastar recursos capturando gente e investigar, si después van a seguir disfrutando de los bienes con los cuales muchas veces se cometieron delitos», remarcó el ministro.

La quinta en disputa, un lote de cuatro hectáreas cerca de la ruta nacional A012, fue utilizada en el secuestro y posterior asesinato del prestamista Lucio Maldonado.

El ministro de Seguridad subrayó que en el caso puntual de la “quinta fue instrumento de un homicidio y por eso también fue legalmente decomisada”. 

También detalló que “los recursos judiciales interpuestos en sede penal, las revisiones, las distintas instancias de la causa que llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia, determinaron la intervención de no menos de una quincena de jueces penales o magistrados de Corte que de manera unánime han avalado el decomiso”.

Cococcioni expresó la directiva de «ir hasta las últimas consecuencias» y reafirmó que «el gobierno no va a permitir que se ponga en tela de juicio el hecho fundamental de que a las organizaciones criminales hay que desmantelarlas económicamente».

El camino del decomiso

Por su parte, Matías Figueroa Escauriza recordó que al inicio de la gestión de Maximiliano Pullaro “nos enteramos que había una sentencia de decomiso de seis inmuebles del clan Alvarado para tomar posesión desde 2022, oficio de puesta a disposición a la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) que no se había ejecutado por lo cual en febrero de 2024 presentamos un escrito al juez de Ejecución en la que pedimos intervención para tomar posesión de manera inmediata, acción que llevamos a cabo el 7 de mayo de ese año, generando el desalojo de las personas que había en cada uno de ellos”. 

Escauriza indicó que algunos de esos inmuebles ya fueron subastados y otros están en custodia del Estado o asignados a instituciones de bien común. 

Sobre la quinta de Piñero, explicó: «Vamos a seguir la vía judicial ante esta causa porque cada vez que avanzamos con el patrimonio de las diferentes organizaciones criminales se nota la resistencia. Y es cuando les tocamos sus bienes, obtenidos en base a delitos. Eso nos demuestra que el camino que venimos llevando adelante es el correcto».

El funcionario agregó que hay proyectos en carpeta para darle un uso a la propiedad, como la creación de un espacio para el fortalecimiento del sistema investigativo o la formación de personal policial. 

Cococcioni señaló que «no deja de sorprendernos la osadía de querer reclamar utilizando los instrumentos jurídicos para obstaculizar las medidas del Estado que tienen como fin último el cese de la actividad delictiva».