Tras una nueva devaluación, los aumentos impactarían recién en el cuarto trimestre cuando la aceleración de los precios acumule casi un 13 por ciento “por lo que la contracción del salario real sería igualmente significativa”.
La recesión destruirá puestos de trabajo y hará caer el salario real registrado un 6 por ciento. Así evaluó la consultora Ecolatina aquello en que se transformará el futuro económico de los trabajadores formales e informales al término de este año en un escenario en el que todavía falta el gran impacto que producirán los aumentos y la gran duda que provoca el interrogante acerca de si habrá reapertura de paritarias.
Los empleados públicos serán los más afectados con un promedio de un 8 por ciento de contracción salarial interanual mientras que la media de la pérdida de los trabajadores del sector privado “en blanco” será de 4,5 por ciento: un promedio del 6 por ciento.
El pronóstico empeora cuando se trata de los ingresos laborales de los trabajadores informales ya que al ser el sector más vulnerable a la recesión, los desequilibrios económicos podrían “destruir puestos de trabajo limitando sensiblemente su poder de negociación”.
Sin reapertura de paritarias la contracción salarial real podría alcanzar el 12 por ciento en el segundo semestre y, en consecuencia, “acrecentaría la conflictividad social y minaría la imagen pública del gobierno de un modo casi irreversible”. Sin embargo, algunos analistas aseguran que “el Ejecutivo tiene intenciones de apoyar la reapertura de las paritarias para paliar lo que sería una caída sin freno de la los elementos que componen la marcada recesión actual”.
Tras una nueva devaluación, los aumentos impactarían recién en el cuarto trimestre cuando la aceleración de los precios acumule casi un 13 por ciento “por lo que la contracción del salario real sería igualmente significativa”.
En este marco el informe de Ecolatina, sostuvo: “Pese a los ingresos adicionales conseguidos (sumas fijas, aumentos o adelantamiento de subas), el salario real de los trabajadores formales caería en promedio 10 por ciento interanual durante la segunda mitad de 2018”.
Los analistas de Ecolatina tampoco proyectaron un buen 2019 ya que consideraron que “la ambiciosa meta de equilibrio fiscal recientemente anunciada para 2019 presionará la inflación vía recortes de subsidios económicos y contendrá los aumentos salariales de los trabajadores públicos”.
Por lo tanto, pese a que podrían esperarse algunos incrementos reales en el segundo semestre de 2019 (la inflación iría cediendo si no se vuelve a disparar el dólar), el año promediaría una leve merma. Si estas proyecciones se cumplen, el salario real formal se ubicaría 9 por ciento por debajo de las elecciones de 2015”. Este indicativo pone de relieve que con el contexto actual, echaría por la borda cualquier posibilidad de que la gestión de Cambiemos tenga perspectivas serias de ser reelecta y aceleraría su partida con pocas posibilidades de reinventarse en el corto plazo.
Mientras tanto el gobierno retomó las negociaciones con el FMI, para llegar a un acuerdo por el Presupuesto 2019, que oscila entre aceptaciones y rechazos: por un lado, el Ejecutivo y una parte de los gobernadores –los que apoyan a Cambiemos– aseguran que sólo faltan ajustar detalles; por el otro, muchos peronistas advierten que Nación insiste en traspasar gastos que las provincias no pueden afrontar.
Luego de que el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se reuniera con los responsables de las carteras económicas provinciales, el Gobierno se mostró dispuesto a postergar por 12 meses algunos puntos del Pacto Fiscal, como la baja del impuesto a los Sellos, y subir la alícuota de los bienes personales radicados en el exterior.
Fuentes vinculadas a los gobernadores que no integran el grupo de los dialoguistas –peronistas sobre todo– aseguraron que difícilmente pueda arribarse a un pacto ya que todas las acciones de gobierno tienden más a ser impuestas que a ser conversadas.
El gobierno santafesino dijo a través del propio Miguel Lifschitz que difícilmente pueda llegarse a una foto con el gobierno nacional porque la intención es solamente que los mandatarios provinciales sean “socios del ajuste”.
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