La regularización de Didi y Uber se estancó de nuevo en las comisiones del Concejo

El nuevo intento de dar dictamen al proyecto del Ejecutivo rosarino para legalizar y regular las aplicaciones de transporte de pasajeros, como Uber y DiDi, fracasó este miércoles en el Concejo Municipal. Por segunda vez, no hubo consenso en el plenario de las comisiones de Servicios Públicos y de Gobierno y se retrasa el tratamiento en el recinto. El oficialismo pretendía tener aprobada la ordenanza respectiva en la sesión del jueves de la semana próxima.

Esta reunión conjunta de las comisiones que deben analizar el proyecto fue menos agitada que la anterior. Afuera no hubo manifestación de taxistas, remiseros y cadetes de aplicaciones, como la anterior. Y dentro del Palacio Vasallo las discusiones fueron menos virulentas. De todos modos, no hubo acuerdo para un texto de consenso y la discusión seguirá el lunes próximo.

Con todo, ya hay modificaciones al texto enviado por el Ejecutivo en base a los reclamos de uno de los sectores sobre los que impacta. La nueva redacción contempla el pedido del Sindicato de Trabajadores Cadetes y Repartidores: mantener la exclusividad de las motos en el reparto de alimentos, bebidas, farmacia o mensajería. Para taxis y remises, ahora, se restringe ese traslado mediante plataformas a los bienes o productos que, por su volumen, no puedan ser llevados en motocicletas.

Las diferencias que persisten

El libertario Juan Pedro Aleart volvió sobre su idea de hacer una nueva normativa en reemplazo de la ordenanza 10.544 de 2023, aprobada en 2023 y que el Ejecutivo rosarino pretende modificar para la adecuación a las nuevas modalidades de viajes. El ex periodista también quiere legalizar Uber Moto, una aspecto que ni el oficialismo ni el resto de la oposición contemplan.

Aleart puso como ejemplo a provincias como Salta, La Rioja y Tucumán, donde ese tipo de vehículos ya está habilitado con seguro, casco obligatorio y licencia de conducir.

Desde el oficialismo, Fabrizio Fratti lo rechazó sin matices. Argumemntó que los viajes ofrecidos por Uber Moto no tienen una cobertura que pueda ser aceptada por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

El peronista Mariano Romero, del Movimiento Evita, por su parte, rechazó de nuevo la eliminación del límite de antigüedad que propone el Palacio de los Leones. Y mantuvo la exigencia de que las aplicaciones sean consideradas como un servicio público. Eso choca con lo que esgrime Aleart, que fiel al ideal libertario sostiene que el valor de los viajes sea en base a la relación entre la oferta y la demanda.

La presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, fue otra de las que salió al cruce de la postura de Aleart. «Una de las razones por las que queremos legalizar Uber y Didi es porque queremos exigirle a ambas empresas que los autos que usen este servicio de movilidad para trasladar pasajeros tengan el seguro que marca la ley nacional, que tengan carnet profesional, que además tengan la VTV al día y que no tengan 30 años de antigüedad».

Javkin terció: me pidieron un proyecto y ahora lo rechazan

«Yo siempre recuerdo que a mí me pidió el Concejo por decreto que reúna todos los proyectos y elabore una propuesta, me lo pidieron por unanimidad», enfatizó el intendente Pablo Javkin este miércoles en alusión a los reparos de sectores opositores en torno al texto que se discute.

«No es que a mí se me ocurrió mandar un mensaje, el propio Concejo me pidió que elabore un mensaje y pase a todos los proyectos. Y citamos, si no me equivoco, 14 proyectos que revisamos y los unificamos en una propuesta», reforzó el jefe del Ejecutivo rosarino. Y siguió: «Resulta bastante extraño que los propios autores de los proyectos que nos pidieron que miremos, no quieran votar lo que ellos propusieron».

Qué dice el proyecto

La iniciativa impulsada por el intendente Pablo Javkin busca modificar la Ordenanza 10.544 para legalizar y regular formalmente las aplicaciones de transporte de pasajeros como Uber, DiDi y Cabify.

Los puntos centrales de la propuesta del oficialismo son:

• Registro Obligatorio: Se crea el Registro de Plataformas Electrónicas de Transporte, bajo la órbita de la Secretaría de Movilidad. Las empresas tecnológicas deben contar con autorización municipal expresa para poder operar.
• Requisitos de Seguridad y Choferes: Se exige que todos los conductores tengan licencia de conducir profesional y un seguro específico para el traslado de personas contratado para las aplicaciones.
• Tarifa Dinámica con un Piso Mínimo: La tarifa se rige por el libre juego de la oferta y la demanda (tarifa dinámica), pero se establece una tarifa mínima fija (equivalente al precio del boleto de colectivo) para evitar la competencia desleal extrema con el sistema de taxis.
• Inclusión e Igualación de Taxis: El sistema incorpora formalmente a los prestadores de taxis y remises públicos, permitiendo que utilicen las plataformas digitales. A su vez, se les habilita a realizar tareas complementarias como cadetería de manera legal.
• Exclusión de Motos: La propuesta oficialista no autoriza el traslado de pasajeros en motos (como Uber Moto) debido a estrictas consideraciones de seguridad vial urbana.

Otro de los puntos de controversia involucra a los repartidores o deliverys.

Es que el proyecto original de ordenanza habilita a taxis y remises a realizar tareas de reparto y cadetería. Eso ya fue modificado en las reuniones de comisiones.

En paralelo, los repartidores denuncian condiciones de precarización laboral extrema y falta de infraestructura, por lo que piden que el proyecto incluya mejoras para su desempeño laboral.

Sobre eso, también hay propuestas de creación de estaciones o refugios de descanso (con baños, agua y wifi). No obstante, la idea contempla que el financiamiento de esa infraestructura esté a cargo de las aplicaciones. Las empresas, algunas transnacionales, lo rechazan de plano.