Con esas tonalidades grises de aquella película precursora del cine negro, El halcón maltés, tan bien actuada por Humphrey Bogart, Mary Astor y muchos otros, sobre las grandes ciudades del mundo de fines del siglo XX y principios del presente se expande otra sensación de temor, que nada tiene que ver con aquel ambiente de guerra que se avizoraba en los Estados Unidos de América del año 1941, cuando un inexperto director llamado John Houston –el mismo de la película que mencionamos– estaba a punto de ser enviado al frente de batalla de una de las tragedias más sangrientas de la humanidad.
Esa sensación que muchas veces oprime el pecho de la víctima de turno es la de la inseguridad, problemática que a lo largo y a lo ancho del planeta ha sido abordada de las más variadas formas por conocedores y, desgraciadamente, muy a menudo por profanos, que tardan en comprender que cuando encaran planes sin sustento científico cada error termina pagándose muy caro: con la pérdida de vidas humanas.
Volviendo a John Houston –que cumplió su servicio militar durante la II Guerra Mundial filmando a riesgo de su propia existencia imágenes de la conflagración que luego servirían para desnudar el tremendo drama que soportan los soldados librados a su suerte mientras otros teorizan sobre el espacio vital o valores que se diluyen ante la realidad de existencias truncadas, familias destruidas, ideales incumplidos e hijos sin futuro–, relató en un documental la arenga de un jefe de escuadrilla aérea a sus pilotos antes de lanzarse a bombardear un objetivo: “De nada sirve que se preocupen por cuidar vuestras naves. Terminen sin titubeos su tarea y si allí, entre las nubes, alguien con barba les toca el hombro, será señal de que sus problemas se han terminado”.
Recordé esas palabras cuando un ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a finales de los años 90, le dio el tiro de gracia a la Policía más grande del país, y, con la excusa de que muchos de sus miembros no hacían honor a su uniforme, la atomizó sin miramientos.
Tenía mucha razón el doctor León Arslanian: existían policías bonaerenses que habían traicionado el juramento de asumir la obligación ineludible de cumplir con el deber de servir a la comunidad. Pero de lo que nunca se preocupó fue por apuntalar académica y operacionalmente a una fuerza del orden que estuvo a punto de extinguirse por falta de vocación y directivas coherentes. Y el final de la vida le tocó el hombro a cientos de uniformados –algunos dijeron que para eso les pagaban– y a muchos, muchos, muchos hombres, mujeres y niños inocentes que un día salieron de sus hogares y se encontraron con que delincuentes histéricos, desesperados, bajo el influjo de las drogas y el alcohol, habían decidido que ése era el momento en que se constituirían en sus verdugos.
Lo cierto es que el estado actual de la seguridad ciudadana no es el mejor en la mayoría de los países del mundo y, por supuesto, en el nuestro.
Hemos hecho referencia a la provincia de Buenos Aires y sería ocioso volver sobre episodios delictivos teñidos en sangre de tamaña crueldad que no puede menos que preocupar al más distraído.
En la ciudad de México, el secretario de Seguridad, Manuel Mondragón, acaba de decir que solicitará la baja de aquellos policías que en un determinado lapso no hayan detenido a un delincuente.
Imagine el lector el estado de ánimo en que ha sumido a miles de agentes, con el consiguiente riesgo de que se fabriquen procedimientos que afecten a inocentes.
Retornemos a la referencia de los años 40. La actitud de este funcionario es la consecuencia lógica de la impericia en un cargo. Su país no está en guerra, pero las venganzas diarias que devastan a las ciudades mexicanas han hecho que la pérdida de vidas sea una carrera vertiginosa hacia la desesperación, contrastando con la alegría de las autoridades que lograron convertir a ese Estado en exportador automotriz por excelencia. Muchos de los coches que se desplazan por las calles de Rosario han sido fabricados allí.
En la última semana, las bandas de delincuentes y los narcotraficantes son responsables en varias poblaciones de México de 53 muertes y 45 heridos. Con este desgarrador panorama, es muy difícil desarrollar una vida social sin complicaciones y mucho menos conducir atinadamente a una fuerza de seguridad que, pese a estar muy bien dotada en lo que hace a lo material, si no es correctamente comandada puede llegar a ser un riesgo ciudadano y no de protección. Para qué abundar en comentarios al respecto si nosotros ya tenemos trágicas experiencias que nunca podrán ser olvidadas y que terminaron abatiendo la moral de un elevado número de uniformados que, no obstante haber sido esclavos de la ley, se desplomaron ante la evidencia de actitudes deleznables de algunos de sus propios camaradas.
Europa tampoco está ajena al crimen organizado. En la capital de Alemania –y esto también tuvo sus orígenes en la II Guerra Mundial–, en 1990, tras la caída del muro de Berlín, ocurría un delito por minuto. Operaban más de diez poderosas bandas extranjeras que se repartían a balazos las distintas zonas geográficas y porciones de negocios, al estilo de los hampones norteamericanos de los años 30, pero con mucha más violencia, engendrada en la diversidad de sus costumbres. Eran tiempos difíciles, de plena transformación, en los que la pobreza, la marginalidad y la separación durante años de integrantes de una misma familia hacían estragos.
Por fortuna, en estos casos, los gobiernos que se sucedieron enfocaron el problema de manera adecuada. Unificaron los procedimientos de una fuerza policial con efectivos de características totalmente disímiles en lo ideológico y lo operativo. Dotaron a la nueva Policía del presupuesto adecuado y, por sobre todo, se la profesionalizó. Párrafo aparte merece una política firme de reinserción en la sociedad de jóvenes pandilleros que, al amparo de la miseria y la degradación de las costumbres, se habían constituido en una verdadera plaga. Hoy la Policía alemana y la calidad de vida de los habitantes de las grandes y pequeñas ciudades son excelentes, especialmente porque todos pueden desplazarse sin temores. Lejos quedaron los tiempos en que aparecían cadáveres en las calles y ni siquiera podían ser identificados. Creo oportuno dejar constancia de que por aquellos años, en la Argentina, el porcentaje de delitos era sensiblemente inferior al actual.
Pero en Italia no ocurrió lo mismo. La mafia sigue conservando sus redes de poder. El propio Benedicto XVI denunció en Nápoles a la camorra, la mafia napolitana. Al referirse hace pocos días a esa organización delictiva dijo que la violencia “va a convertirse en una mentalidad difusa que se introduce en la trama de la sociedad”. El Papa llamó a “no ceder a las tentaciones de la mafia, que es un camino de muerte incompatible con el Evangelio… No tengan miedo de oponerse al mal”, animó. El Santo Padre estaba evocando al juez Giovanni Falcone, asesinado por la Cosa Nostra, y al padre Pino Puglisi, muerto por oponerse a la mafia, y a muchos otros honestos policías, magistrados, sacerdotes y civiles.
El poder de las organizaciones mafiosas italianas, que hasta fueron utilizadas por los aliados para lograr invadir Europa en tiempos difíciles, logró mantenerse en pie porque faltó decisión para poner a sus integrantes en el lugar donde debían estar o tal vez porque oscuros intereses llevaron a que obtuvieran la impunidad necesaria para burlar sistemáticamente la ley. Las palabras del Papa denotan la amargura y la impotencia de no poder poner fin a un verdadero flagelo para los italianos.
Otra ciudad que pareció estar a merced del crimen organizado fue Nueva York antes de 1994, cuando asumió como alcalde Rudy Giuliani, quien permaneció en el cargo hasta 2002 y junto a su jefe de policía, William Bratton, comenzó combatiendo el pequeño delito, escuela de las inequidades más graves. Además depuró la Policía de Nueva York de los malos elementos, dio más beneficios y premios a los oficiales honestos y otorgó a la fuerza la voluntad política, el apoyo moral y el presupuesto necesarios para que en pocos años la ciudad que tenía el mayor porcentaje de hechos delictivos del mundo se convirtiera en un lugar digno donde vivir. Giuliani y Bratton dieron origen a la teoría de la ventana rota, que hoy es la única fórmula posible para que la mayoría de los ciudadanos puedan aspirar a volver sanos y salvos a los hogares de donde salieron por la mañana.
El ex alcalde fundó una consultora con la que asesora en materia de seguridad al gobierno municipal de la ciudad de México; y ahora el gobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral, dijo que también contrató a Giuliani para poner las cosas en su lugar en un territorio donde el narcotráfico y las bandas de delincuentes amenazan con poner en jaque a la Policía cuando el Mundial de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016 están cerca.
Con la honestidad intelectual que suelen tener aquellos estadistas que trascienden sus mandatos, el alcalde de Río sorprendió al decir ante los periodistas: “No tenemos miedo de aprender de los demás”.
Con la sinceridad de quien sufre por las víctimas del crimen organizado, el Papa llama a la realidad de todos nosotros al decirnos: “Hay que tener vergüenza del mal, de lo que ofende a Dios y al hombre. Hay que tener vergüenza del mal que hiere a la comunidad civil y religiosa con acciones que no soportan la luz del día”.
Nadie en su sano juicio puede decir: “Este tema no me compete”, cuando se trata del orden público del que depende la vida de nuestras familias.
Cualquiera sea el ámbito donde desarrollen sus tareas habituales quienes integran el tejido social deben efectuarse un sincero examen de conciencia y preguntarse si al momento de involucrarse en la problemática de la seguridad han hecho todo lo posible de su parte para sustentarla. Esto no significa pedirle a un vecino que arriesgue su vida, pero sí que acompañe desde la cooperadora policial el desenvolvimiento de la comisaría del barrio. No se pretende que un juez haga caso omiso a un abuso policial, pero sí que comprenda que algunos errores administrativos pueden ser cometidos ante lo vertiginoso de un procedimiento. Tampoco se pretende que las autoridades tengan la seguridad como único objetivo de gobierno, pero sí que otorguen a la fuerza el presupuesto apropiado, buenos planes académicos y edificios adecuados para que los guardianes del orden puedan educarse convenientemente.
En otras palabras, estamos ante una tarea de todos y no de unos pocos
