Según la organización de profesionales, esta situación podría provocar un retroceso significativo en los logros alcanzados en salud pública, con consecuencias devastadoras para el país. Subejecuciones presupuestarias y despidos de personal, entre otras acciones del Gobierno de Javier Milei
La Sociedad Argentina de Infectología (Sadi) emitió un fuerte comunicado en el que alerta sobre los riesgos del cierre o vaciamiento de los programas de enfermedades transmisibles en Argentina. Según la organización, esta situación podría provocar un retroceso significativo en los logros alcanzados en salud pública, con consecuencias devastadoras para el país.
La Sadi solicitará una reunión con el Ministro de Salud de la Nación para abordar la situación. El objetivo es preservar el carácter federal e igualitario de estos programas, garantizar el acceso a la salud, y mantener la calidad profesional, científica y técnica que ha caracterizado a las iniciativas de control.
Los recortes más pronunciados que llevó a cabo el Gobierno de Javier Milei se evidencian en áreas sociales clave, como los hospitales nacionales y el Instituto Nacional del Cáncer, donde la ejecución alcanza apenas el 55% con un impacto significativo en la atención sanitaria, lo que ha generado un impacto directo en su calidad y en la disponibilidad de servicios básicos.
Eso se da en medio de una ola de despidos masivos en el sector de la salud pública, que en las últimas horas incluyó el anuncio de la cartera que dirige Mario Lugones sobre 1400 cesantías en varios hospitales y organismos del área, justificado en supuestas irregularidades en las contrataciones de la gestión anterior. Esa motosierra al personal pone en riesgo diversos servicios y áreas, como la de respuesta al VIH, a infecciones de trasmisión sexual, hepatitis, tuberculosis y lepra, y atención a discapacidades, entre otros, que han quedado prácticamente paralizadas por la subejecución del presupuesto.
Los recortes afectan particularmente a la Superintendencia de Servicios de Salud (con un 69% de inejecución), la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat, 21%), la Agencia Nacional de Discapacidad (17%) y los hospitales nacionales como el de Salud Mental Laura Bonaparte, que enfrenta un ajuste del 25%.
Programas críticos como Atención Sanitaria en el Territorio (96%), el de respuesta al VIH, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra (47%) y Fortalecimiento del Sistema Público de Salud (51%) están prácticamente paralizados.
Con relación a los programas de prevención, los recortes oscilan entre el 6% y el 82% en enfermedades endémicas, no transmisibles y patologías específicas, mientras que programas como el de enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles crecieron un 10%.
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