La trama por el millonario fraude con combustible: tres jefes policiales de la URII seguirán en prisión

La camarista Gabriela Sansó confirmó este martes la prisión preventiva efectiva para tres de los policías imputados por el millonario fraude con fondos destinados a la carga de combustible para patrulleros de la Unidad Regional II del departamento Rosario. La resolución fue dispuesta en segunda instancia para los jefes policiales Gerardo Ramírez, Rodrigo Domínguez y Juan Villordo, mientras que el resto de los agentes y civiles que habían apelado su situación ya se encuentran en libertad.

La decisión de la magistrada se dio a conocer tras tres jornadas de debate, donde revisaron las apelaciones presentadas por las defensas. A diferencia de los tres jefes policiales, la jueza Sansó consideró que no existía peligrosidad procesal para Sergio Darío López, Nanci Gabriela Plomer, Gustavo Adrián Bazán, Juan Pablo Pigozzi, Franco Cuesta, así como para los civiles Mónica Juana Bianconi y Daniel Alberto Reynoso, quienes recuperaron su libertad.

Los únicos que mantendrán el arresto son Gerardo Ramírez, quien al momento de los hechos se desempeñaba como comisario supervisor a cargo del Garage de la Unidad Regional II; Rodrigo Domínguez, comisario supervisor y jefe de la Secretaría Privada de la misma unidad; y Juan Villordo, inspector responsable del combustible de la Brigada Motorizada.

En paralelo a estas confirmaciones, el fiscal José Luis Caterina imputó en esta misma jornada al subinspector Juan Manuel Herrera, perteneciente a Caballería y Perros de la Unidad Regional II, quien había sido detenido la semana pasada. 

Herrera fue acusado de peculado de caudales públicos, defraudación agravada por afectar a una administración pública y falsedad ideológica. El juez Gustavo Pérez de Urrechu dictaminó prisión preventiva efectiva para Herrera hasta el 11 de noviembre.

En la causa también permanecen en prisión preventiva los policías Fabián Fantín, Mario Brest y Jorge Delgado. Previamente, los agentes Javier Arce y Fernando Ceballos, así como los civiles María Fernanda De Franco y Oscar Coullery, ya habían recuperado la libertad tras apelaciones anteriores.

La investigación, impulsada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), se conoció en mayo pasado y desencadenó la intervención de la Unidad Regional II. 

Según información brindada por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, junto al fiscal Regional Matías Merlo y el fiscal Caterina, la pesquisa se originó a partir de una denuncia de la Subsecretaría de Control de la cartera de Justicia y Seguridad provincial.

Caterina calificó la malversación de caudales públicos como de «mucha consideración», estimando en 45 millones de pesos los sustraídos al Estado, de un total de 380 millones asignados mensualmente para patrullaje. 

Sobre la mecánica de la maniobra, el fiscal detalló que habían secuestrado «alrededor de 300 Visa Flota» en domicilios de personas implicadas, tarjetas que deberían estar en posesión de cada chofer de los móviles policiales.

La investigación se centra en una sobrefacturación de combustible. En ese sentido, la Fiscalía explicó que, en lugar de que cada chofer utilizara su propia tarjeta, se articuló una «sobrefacturación en connivencia con una estación de servicios», donde el personal encargado de la tarea «reunió, concentró todas las Visa Flota».

Caterina reveló un dato clave: uno de los policías detenidos poseía «un posnet de la propia estación de servicio en su domicilio». 

El fiscal aseguró que las intervenciones telefónicas revelaron cómo desde la estación de servicio Puma, ubicada en Ovidio Lagos al 3900, se preparaba dinero en efectivo para ser entregado a los policías involucrados. Asimismo, se autorizaron instalaciones de GPS en móviles policiales y otras medidas de inteligencia que fueron cruciales para documentar la maniobra.