La UTEP presentó un pedido ante el Ejecutivo para que se trate la Ley de Cocineras Comunitarias

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (TEP presentó un petitorio a la provincia para que se trate el proyecto de ley de cocineras comunitarias, presentado en 2025. El acto se realizó este viernes, en el marco de la movilización por San Cayetano que organiza la UTEP con otras centrales sindicales como la CGT, la CTA y la CTA Autónoma, además de organizaciones políticas y sociales. La iniciativa legislativa propone el pago mensual de una suma que no podrá ser inferior al valor de un salario mínimo, vital y móvil para quienes realicen tareas en comedores y merenderos de Santa Fe.

En diálogo con El Ciudadano, Nahuel Zentner, de la UTEP, indicó la importancia de esta ley en el marco del gobierno de Milei que congeló el Potenciar Trabajo en 78.000 pesos, lo desmarcó del salario mínimo, vital y móvil y del Consejo del Salario. “Ese era el único ingreso que tenían las compañeras cocineras que cocinan en los diferentes comedores y espacios que tenemos las organizaciones en el país”, afirma. Agrega que se estima que hay 2.500 comedores comunitarios en la provincia, pero que los números son imprecisos ya que no hay un registro oficial.

“En el caso de las cocineras no hay ningún salario mínimo porque no venden la comida de los comedores”, asegura. Y remarca que el trabajo no es “solamente cocinar, sino que las compañeras y compañeros en los dispositivos alimentarios reciben casos de violencia de género, trabajan en conjunto con las instituciones del barrio, reciben problemas de consumo problemáticos. Es un entramado, un laburo que no recae solamente en la cocina, sino que es el primer contenedor social que hoy tienen la mayoría de la ciudad de Santa Fe y de la provincia”.

Agrega: “Son un montón de horas, un montón de recursos porque la comida no se cocina sola. En el marco del ajuste que tenemos hoy y en el marco de la situación en la que está la provincia de Santa Fe, sobre todo el gran Santa Fe, deja de ser un trabajo solidario para transformarse en un trabajo esencial, como lo fue durante la pandemia y lo sigue siendo hasta ahora”.

En el marco de la jornada de San Cayetano, también exigieron que se reabra el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) y el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). El FISU fue un fideicomiso público destinado a financiar obras de infraestructura básica, servicios y mejoras habitacionales en los barrios populares. Pero fue desfinanciado por el gobierno nacional y finalmente disuelto mediante el Decreto 312/2025.

Un pago para un trabajo no remunerado

La iniciativa que se presentó en la Legislatura de Santa Fe lleva la firma de las diputadas Claudia Balagué y Lucila de Ponti y de los diputados Fabián Palo Oliver, Carlos del Frade y Miguel Rabbia. Reconoce a las trabajadoras y trabajadores de comedores y merenderos comunitarios como sujetos de derecho a percibir un salario por la labor social y comunitaria que realizan, en tanto integrantes de la economía popular que desarrollan su actividad de forma autogestiva, colectiva y sin fines de lucro.

También marca el carácter “estratégico e imprescindible para garantizar la seguridad alimentaria, el cuidado comunitario y el acompañamiento social en contextos de vulnerabilidad, constituyendo un aporte fundamental a la cohesión social y la construcción de redes solidarias”.

Promueve la creación de un Registro Único Provincial de Comedores y Merenderos Comunitarios, en la órbita del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano o la repartición que lo reemplace en el futuro, como único registro público y oficial de la provincia. Y también de un Registro Único de Trabajadoras y Trabajadores Comunitarios, para centralizar, relevar y sistematizar la información referida a las personas que desempeñan tareas en comedores y merenderos comunitarios.

A partir de ese registro, establece el reconocimiento salarial. En caso de aprobarse la ley, ese reconocimiento consistirá en una remuneración mensual digna, en concepto de contraprestación laboral por las tareas desempeñadas en los espacios comunitarios. El monto de esa remuneración no podrá ser menor al 50% de un salario mínimo, vital y móvil. También será compatible con programas sociales y prestaciones de la seguridad social; por ejemplo la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo para Protección Social, la Tarjeta Alimentar, la Pensión no contributiva para madres de siete o más hijos, la Pensión no contributiva por vejez o invalidez, la Pensión Universal para el Adulto Mayor, la Pensión por discapacidad, la Prestación por desempleo y las jubilaciones contributivas y no contributivas

La remuneración salarial no podrá ser suspendida en caso de que la persona no pueda desempeñar sus tareas por causas ajenas a su voluntad, tales como la falta de insumos o materiales necesarios para el desarrollo de la actividad u otras situaciones que impidan el trabajo en condiciones dignas y seguras. Incluso reconoce las ausencias justificadas, como los días de inasistencia por enfermedad, por cuidado de personas a cargo o por participación en huelgas.

El dinero para esas remuneraciones —propone el proyecto de ley— provendrá de lo recaudado en concepto de aporte adicional a los Grandes Propietarios Rurales, en concepto de aporte adicional a los Grandes Propietarios de Suelo Urbano Vacante, de Impuestos a los Ingresos Brutos por actividades realizadas por proveedores de servicios de pago registrados por el Banco Central, de otros recursos que por otras leyes se destinen específicamente al mismo o que fije el Presupuesto General de la Provincia. También podrán utilizarse recursos obtenidos de parte del Estado Nacional u organismos internacionales, públicos o privados.