Toma fuerza la hipótesis de que agentes de seguridad podrían estar implicados en el asesinato de la activista social.
Las balas que usaron los asesinos de la concejala y dirigente social brasileña Marielle Franco y su chofer Anderson Gomes pertenecían a la Policía Federal brasileña, lo que le agrega más fuerza a las hipótesis de que agentes de seguridad están por detrás del ataque perpetrado el miércoles en Río de Janeiro.
Así lo informaron fuentes de la Policía Civil (investigaciones) de Río de Janeiro, en base a los resultados de las pericias en los 14 balazos disparados contra el automóvil en el que viajaba la dirigente del opositor Partido Socialismo y Libertad (PSOL).
Las balas 9 mm, según informó el noticiero de la TV Globo, habían sido adquiridas en 2006 por la Policía Federal en Brasilia a la empresa de armamento CBC.
Mientras tanto la Policía investiga si participaron dos o tres autos en el ataque a la concejala. Según los investigadores se identificó la patente de un vehículo sospechoso. El mismo fue registrado por una cámara de seguridad dos horas antes en el lugar donde Marielle participó de un debate en la noche del miércoles. De acuerdo a las pesquisas se puede observar en el video cómo los sospechosos desde el auto realizan señales de luces a otro vehículo. A cuatro kilómetros del lugar, la dirigente fue acribillada.
Además la misma fuente indicó que hasta ahora los hechos señalan que los responsables sabían el lugar exacto que la activista ocupaba dentro del vehículo y que los disparos se realizaron de atrás para adelante. No fueron sustraídos los objetos personales de ninguna de las personas que estaban a bordo del coche por lo que la principal línea de investigación es la ejecución.
Miles de personas se manifestaron el mismo día del asesinato en San Pablo y Río de Janeiro para pedir justicia y denunciar a la mafia policial por el hecho, debido a que la concejala Franco había acusado a un batallón de construir fosas comunes para ejecutar a jóvenes de las favelas.
Franco, de 38 años, había sido miembro de la comisión parlamentaria contra las milicias parapoliciales en el Concejo Deliberante de Río y era la miembro informante de la comisión parlamentaria carioca sobre la intervención militar decretada por el presidente Michel Temer.
La intervención, que cumplió ayer un mes, fue para varios analistas “desafiada” por parte de los sicarios que mataron a Franco, una dirigente del movimiento negro, una socióloga con orígenes en la favela de la Maré y la quinta más votada en las elecciones de 2016.
Los cuerpos fueron sepultados ayer, en paralelo a las manifestaciones de repudio.
Por su lado, la fiscal general, Raquel Dodge, dijo que “el asesinato de políticos es un atentado a la democracia”.
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