La economía argentina consolida un comportamiento de profunda disparidad entre la performance de sus variables externas y el crítico panorama de su mercado interno. El último informe semanal del Instituto Argentina Grande (IAG) detalla que durante los primeros cinco meses del año el saldo comercial acumuló USD 11.783 millones, registrando el valor más alto de los últimos 36 años y superando la marca de todo el período 2025.
Este avance estuvo traccionado de forma casi exclusiva por el sector de energía y combustibles, que exhibió un incremento interanual del 44,7% y un salto del 526% en el saldo exportador neto. El dinamismo comercial habilitó que las cuentas corriente y financiera cerraran mayo en terreno positivo, permitiendo al Banco Central (BCRA) comprar USD 10.634 millones en lo que va del año y empujando al riesgo país a perforar los 417 puntos, su mínimo nivel desde 2018.
Sin embargo, el diagnóstico advierte que este flujo de divisas no logra traducirse en acumulación efectiva de reservas ni en densidad productiva local. Las reservas internacionales apenas crecieron USD 4.312 millones —el 41% de lo adquirido por la autoridad monetaria— debido a una nítida filtración de recursos.
La remisión de utilidades y dividendos hacia el exterior anotó un saldo negativo de USD 1.841 millones en cinco meses, consolidando el máximo histórico de la serie estadística iniciada en 2003. A este drenaje se suman USD 2.667 millones dolarizados por personas humanas durante mayo y el destino de depósitos propios para afrontar los vencimientos de deuda soberana por USD 4.300 millones en Globales y Bonares.
Recesión fiscal, tarifazos y endeudamiento familiar
La contrazona del esquema macroeconómico se localiza en la calle, donde el freno de la actividad y el consumo pulverizaron los ingresos fiscales. El mes de junio cerró con una recaudación de $20 billones, marcando una caída real del 7,3% interanual y convirtiéndose en el peor junio de las últimas dos décadas.
El bache se explica por la quita de retenciones al agro —los derechos de exportación se hundieron un 45,9% real— y por la parálisis de los dos pilares del financiamiento estatal: el IVA interno perdió $3,1 billones en el semestre por el derrumbe del consumo masivo, mientras que los recursos de la seguridad social retrocedieron $1,4 billones ante el deterioro generalizado del empleo formal y el salario.
En paralelo, la actividad económica medida a través del EMAE registró en abril una contracción del 1,5% mensual desestacionalizado, evidenciando que el rebote interanual del 1,6% se restringe al sector agropecuario y extractivo, rubros que aportan divisas pero no generan empleo de calidad.
Este retroceso fiscal convive con una fuerte transferencia de costos hacia los hogares mediante impuestos y tarifas. A pesar de que el valor internacional del crudo retrocedió a niveles previos a la guerra, el precio de los combustibles en los surtidores se mantiene elevado para sostener los márgenes de las petroleras y sus accionistas.
Desde el cambio de gestión, el impuesto nominal a los combustibles trepó un 1346,9% —frente a una inflación acumulada del 312%—, lo que implica que en julio se paguen casi $400 de carga impositiva por cada litro de nafta súper. Sin embargo, la recaudación extra no se destina a la infraestructura vial: el gasto devengado por Vialidad Nacional sufrió una caída real del 85% en el semestre.
El impacto más severo se registra en el acceso a la energía básica y los servicios. El valor de tres garrafas de 10 kg pasó de representar el 2,8% al 6,2% de un salario mediano privado registrado tras la eliminación de precios máximos y el congelamiento de subsidios que alcanzan al 39% de los hogares del país.
De este modo, la canasta básica de servicios (luz, agua, gas y transporte) para un trabajador formal saltó de $61.219 en noviembre de 2023 a $177.907 en junio de 2026, lo que equivale a un aumento real del 190% y demanda trabajar 14 horas más por mes para cubrir la misma cobertura.
Como consecuencia directa de esta asfixia presupuestaria, la mora familiar en el cumplimiento de créditos escaló al 12,1% en abril, anotando el nivel más alto desde el fin de la convertibilidad y dejando a cerca de 7 millones de personas completamente excluidas del sistema de financiamiento.
