En la audiencia que comenzó este lunes y continúa este martes por la tarde, la Fiscalía describió cómo la banda de 7 de Septiembre buscó tomar el control del paravalanchas de Rosario Central y remarcó que su líder, Laucha, es una pieza clave en la organización. En tanto, el entorno del jefe canalla sostiene que su presencia en la barra "es una casualidad" y que no hay pruebas en su contra, ya que sólo se le atribuyó ser el líder de una asociación ilícita sin un delito que justifique su inclusión
Lautaro “Laucha” Ghiselli, líder de la barra de Rosario Central, y otros nueve presuntos miembros de la organización criminal Los Menores, comenzaron a ser imputados este lunes en una audiencia donde la Fiscalía describió el entramado de una banda que desde 2020 busca controlar territorios a través del narcotráfico y la violencia.
Los fiscales Georgina Pairola y Luis Schiappa Pietra señalaron a Laucha como uno de los organizadores y afirmaron que fue puesto al frente de la hinchada auriazul para que ésta sirviera a los fines de la asociación ilícita. Sin embargo, allegados a Ghiselli desmienten estas acusaciones y aseguran que su arresto y posterior imputación es una injusticia. «Fue elegido para liderar el paravalanchas por gente de los barrios que no tiene nada que ver con el delito», dijeron allegados a la barra.
El fiscal Luis Schiappa Pietra, durante la audiencia de este lunes, reveló que el líder de Los Menores, Matías Gazzani –prófugo– eligió al Laucha para conducir la barra, una vez que lograron desplazar a su anterior jefe, Andrés «Pillín» Bracamonte, quien fue asesinado a principios de noviembre de 2024 junto a su mano derecha Daniel “Rana” Attardo.
Según la Fiscalía, Ghiselli, una persona de confianza de la banda, administraba recursos lícitos e ilícitos del paravalanchas en beneficio de la asociación ilícita.
Schiappa Pietra identificó a cuatro de los 11 sospechosos que llegaron a la imputativa como presuntos organizadores o segundas líneas: Alejandro “Gordo Ale” Leguizamón, Ezequiel “Menor o Gordo” Dilascio, Lautaro Ghiselli y Matías Guerra.
Los demás fueron ubicados como presuntos miembros: Dylan “Sarampa” Bartozzeti, Diego “Ceja” Aguirre, Kevin “Hueso” De Los Santos, Mirko “Yedro” Benítez, Lucas Medina y Germán Hermosín.
La investigación ubica el comienzo de la organización en abril de 2020 en la que la mayoría de los acusados en esta causa llegaron con prisiones preventivas por otros delitos salvo Laucha, quien fue apresado el 13 de agosto pasado en su casa de barrio Pichincha.
La detención del líder de la barra canalla se produjo en el marco de más de 20 allanamientos simultáneos que se produjeron en la ciudad y alrededores.
La Fiscalía identificó a otros siete miembros que continúan prófugos, entre ellos el presunto jefe de la organización, Matías Ignacio Gazzani, por quien el gobierno ofrece una recompensa de 60 millones de pesos. También están con pedido de captura Luis Palavecino, Miqueas Peralta, Kevin Alba, Roque Romero, Carlos Tevez y José Luis Ortiz.
Un aspecto que llamó la atención tras estos procedimientos fue que, durante los allanamientos, sólo se encontró a Ghiselli en su casa, mientras que el resto de los buscados se habían fugado minutos antes de la llegada de las fuerzas.
Desde el entorno del Laucha señalaron lo paradójico de esta situación: para ellos hubo una filtración de información, lo que debilita la teoría de la Fiscalía, ya que aseguran que «si él fuera el hombre fuerte de Gazzani, se habría fugado como lo hizo el resto».
«El Laucha no tiene nada que ver con la banda de Gazzani», afirmó un allegado a la barra brava, quien pidió reserva de identidad.
«Él asumió el liderazgo de la hinchada justamente por ser una persona ajena al mundo del narcotráfico y el delito. Incluso, los referentes de distintos barrios estaban cansados de la violencia que reinaba en la hinchada y lo eligieron para pacificar el paravalanchas», recalcó esta fuente.
El allegado también aseguró que no existe ninguna prueba que vincule a Ghiselli con Gazzani y que la imputación se basa en la suposición de que, al ser el líder de la barra, debe ser parte del negocio criminal. «Es una injusticia», sostuvo.
La imputación por asociación ilícita, en la que Ghiselli es señalado como organizador, es sólo el primer paso. La acusación sigue este martes, cuando los fiscales tienen previsto atribuir otros delitos al resto. En esta jornada, se espera que el magistrado Fernando Sosa acepte o rechace el planteo de la Fiscalía tras escuchar a las partes como también resuelva las medidas cautelares.
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