Lavado de dinero, financiamiento de terrorismo, delitos económicos complejos y fuego en el Humedal

La Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo que tiene a su cargo nada menos que la prevención, el análisis de datos y la investigación de posibles situaciones de lavado de dinero, financiamiento de actividades terroristas y delitos económicos y financieros complejos puso el ojo sobre los incendios intencionales en las islas del Alto Delta y por añadidura de toda la cuenca: se convirtió en querellante en el expediente “Baggio” que investiga si en las supuestas quemas para renovación de pastizales, que terminaron arrasando con unas 300 mil hectáreas en pocos meses de este año, hay en realidad una asociación ilícita que busca obtener réditos económicos a través del fuego. No se trata –es lo que se investiga– sólo del cambio de uso del suelo por devastación, ya de por sí un delito ambiental grave: el objetivo es determinar si también las quemas abren las puertas a operaciones de compraventa trabadas de hace años sobre terrenos que tenían ocupación de terceros, o que no tenían caminos de acceso, o defensas contra las crecidas que limitaran sus usos, y que ahora, supuestamente, pueden haber crecido en valor al resolverse esas cuestiones, aunque cueste un ecocidio.

El objetivo de la UIF, según trascendió es sumar a la investigación el perfil económico que, se presume, se esconde detrás de la “práctica tradicional” –por lo demás, prohibida por ley en Entre Ríos– de quemar para renovar como aludieron meses atrás productores ligados a entidades agropecuarias o el propio intendente de Victoria, Domingo Maiocco, también parte de aquel ámbito. Con esa insignia en la Cámara de Diputados se está tratando un proyecto del oficialismo que busca impedir por completo el cambio de uso de tierras arrasadas, bien por extensión de la frontera agropecuaria, o por la inmobiliaria.

Según informó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el 95% de los incendios fueron el resultado de la acción humana, esto es que de unos 3 mil focos, unos 2.850 se prendieron a propósito, o también por accidente o descuido. Sólo el resto, y no comprobadamente, pueden haber surgido por condiciones ambientales excepcionales, es decir la sequía, la bajante extraordinaria del río Paraná y la errática posibilidad de que espontáneamente se genere una combustión que se expanda de forma incontrolada por las anteriores condiciones, en especial por la ausencia de cortafuegos naturales como cursos o espejos de agua.

La UIF busca así que la Justicia federal de Paraná, que tramita una docena de denuncias distintas por las quemas y sus consecuencias, incorpore como arista de investigación si el fuego sumó un plusvalor al precio de las propiedades, lo que implicaría un delito económico. Hasta el momento es, la vinculación entre la motivación agroganadera y el actuar del grupo «Baggio» no está claro, por lo que la UIF planteó otra hipótesis a investigar: muchos de los propietarios poseen sus terrenos intrusados e intentan venderlos hace por lo menos tres años, por lo que se pidieron una serie de medidas para investigar esa hipótesis. La denuncia que lleva en particular el apellido Baggio, reconocido por los jugos de frutas, avanza sobre la quema de unas 34 mil hectáreas, más del 10 por ciento de la superficie devastada, que se utilizan para engorde de ganado, propiedad de Rufino Pablo “Pino” Baggio. En esa misma línea se investiga a otros ocho propietarios: Alberto, Daniel y Graciela Chiartano; Hipólito, Juan y José Maceratesi, Luis Carlos Pérez y César Perpecto Aguiar. Y en la investigación, la historia económica, productiva e inmobiliaria de esas propiedades aparece como clave.

En ese marco, la intervención de la UIF también puede aportarle dinamismo a la investigación, que ya viene generando cruces de alto voltaje en entre el juez federal a cargo, Daniel Alonso, y grupos ambientalistas, como también con altos funcionarios políticos, entre ellos el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié –le pidió al magistrado que dejara de “dormir la siesta”– y hasta con el intendente rosarino Pablo Javkin, quien para Alonso no aportó “absolutamente nada a la causa que la misma Municipalidad iniciara”. El jefe del Palacio de los Leones replicó que no sólo aportó elementos concretos sino que le pidió que investigara el posible uso de bengalas desde avionetas para iniciar focos, además de recordar que la producción de prueba no es responsabilidad de un Ejecutivo municipal: “¿No es acaso su función de juez investigar dicho material aportado además de lo que usted debería haber producido? ¿O de esto también me tengo que encargar yo?”, fue la furibunda respuesta de Javkin.

Con todo, la intervención de la UIF es otro foco de presión sobre el juez, y se sustenta, nada menos, que una doctrina internacional: los cuarenta nuevos lineamientos del Gafi, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, un ente supranacional creado en 1989 por poderoso grupo del G8 para impedir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.