El cuerpo de Ezequiel Rafael Ortiz apareció en un cañaveral del Camino Nuevo a Soldini con múltiples heridas de bala. Si bien un testigo ocular observó cuando varias personas lo “levantaron en un auto” en septiembre de 2015, sólo pudo identificar a Leonardo Sebastián Flores. Este muchacho de 21 años ayer fue condenado mediante un juicio abreviado por este crimen aunque no fue el único caso en que aceptó haber sido responsable. También se le sumó el homicidio de Iván Gómez, ocurrido en junio de 2014 tras una discusión en una fiesta. En esta causa el crimen encuadró en un exceso en la legítima defensa. Por estos asesinatos y una condena previa condicional que también tuvo a la primera de las víctimas como protagonista Flores recibió una pena única de 11 años de prisión.
El primero de los hechos tuvo lugar en barrio Plata. Iván Manuel Gómez, alias Tito, estaba en una fiesta a dos casas de la suya en Boman al 3600 el 14 de junio de 2014. Una discusión con Leonardo “Caca” Flores los llevó a la puerta. Según refirió el fiscal Florentino Malaponte, dos testigos del hecho sostuvieron que al cruce de palabras se sumó una persona apodada Tucumano, a quien la investigación no logró ubicar. Uno de los declarantes sostuvo que en un momento el Tucumano sacó un arma y le disparó a Gómez por la espalda y lo hirió en la oreja. La víctima, que también estaba armada, le disparó un escopetazo a Flores, quien estaba frente a él; cuando éste fue cayendo extrajo un arma y le disparó a Gómez en varias oportunidades.
Gómez falleció. El cuerpo presentaba al menos cuatro heridas de bala mientras que Flores fue derivado a un hospital con varias perdigonadas en el abdomen. El fiscal evaluó que estos testimonios coinciden, en cuanto a la mecánica, con los dichos del imputado. Incluso uno de los declarantes refirió que Flores le decía a la víctima: “Está todo bien”, por lo que entendió que no hubo provocación de su parte. Detalló que los tres estaban armados y que Flores también fue atacado con un arma, por lo que recalificó el hecho en un homicidio con exceso de legítima defensa, delito para el que acordaron con la defensa una pena condicional de dos años.
El caso Ortiz
Por su parte, Flores tenía con Ortiz una disputa de vieja data. El 26 de abril de 2014 el primero sorprendió al segundo cuando subía a un auto en pasaje 2140 y 2103 y lo baleó. Este hecho derivó en un acuerdo abreviado entre partes y se fijó en aquella oportunidad una pena de 2 años y 6 meses condicional. Pero las diferencias con Ortiz no fueron saldadas. El 23 de septiembre de 2015 Ortiz apareció asesinado a balazos en un cañaveral a la altura de Camino Nuevo a Soldini y Cereseto. El muchacho presentaba diversas heridas de arma de fuego en cráneo, cuello, tórax y abdomen.
Un amigo de la víctima sostuvo que ambos fueron a robar una casa que tenía una caja fuerte detrás de un importante supermercado de zona sur. Llegaron al lugar y saltaron el paredón y del interior se escuchó una voz que preguntaba: “¿Quién anda ahí?”. Entonces el declarante decidió salir pero su compinche no lo hizo, por lo que volvió a buscarlo y estaba colgado del paredón. Lo ayudó a salir y corrieron. El testigo lo llevaba pero Ortiz le pidió que lo dejara. No estaba herido, aseguró, y siguió. A los pocos metros observó una moto y un auto que pararon a la altura de donde estaba su amigo y lo metieron en el baúl. De ese grupo distinguió a uno: era Caca Flores.
Este testimonio, sumado a la enemistad manifiesta y el ataque previo dejaron a Flores en una mala posición; del resto de las personas que nombró el testigo no se pudo determinar su existencia, pero una prueba balística terminó de cerrar el círculo. Las balas extraídas a ambas víctimas fatales fueron disparadas por la misma arma, y en el primer hecho, si bien no hubo secuestro de armas, Flores reconoció que efectuó los disparos contra Gómez. Por ello el fiscal Florentino Malaponte y el defensor José Guirado acordaron encuadrar el hecho en un homicidio agravado por el uso de arma de fuego. En ambos casos el fiscal sostuvo la existencia de la conformidad de los familiares de las víctimas y acordaron una condena única y definitiva de 11 años de cárcel. Planteo que fue admitido y homologado por el juez Carlos Leiva.
