Recordó que el impuesto a los combustibles tiene una afectación específica para obras viales, se recaudaron alrededor de $1,5 billones y se habría ejecutado menos del 30%. Mientras la inflación desde noviembre de 2023 ronda el 330%, el impuesto aumentó 1387%
El senador nacional Marcelo Lewandowski interpeló al titular de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, y cuestionó el destino que le da el Gobierno Nacional a los recursos para sostener y mejorar las rutas.
Recordó que el impuesto a los combustibles tiene una afectación específica para obras viales, se recaudaron alrededor de $1,5 billones y se habría ejecutado menos del 30%. Mientras la inflación desde noviembre de 2023 ronda el 330%, el impuesto aumentó 1387%. “¿Qué se hizo con ese dinero?”, preguntó.
Lewandowski planteó que si los recursos tienen un destino específico no pueden utilizarse para ordenar las cuentas públicas mientras las rutas nacionales quedan sin obras.
Además recordó que el propio vocero reconoció que parte de esos fondos fue destinada a bonos, inversiones o al sostenimiento del Estado. Frente a eso contrapuso la realidad de Santa Fe, con rutas deterioradas, banquinas sin mantenimiento y corredores productivos que no reciben las obras necesarias.
En ese marco, reclamó precisiones sobre la transferencia de la A012 a la provincia de Santa Fe. El senador pidió conocer la letra chica y criticó que una provincia afronte obras sobre una infraestructura que forma parte de la red nacional con fondos de sus ciudadanos.
«Los santafesinos pagaremos tres veces por la misma ruta: el arreglo, el posterior peaje cuando se concesione ya reparada y el impuesto a los combustibles que se sigue cobrando», cuestionó.
Finalmente, Lewandowski cuestionó qué papel tendrá el Estado cuando empresas privadas definan cómo construir y mantener las rutas bajo las nuevas concesiones. Advirtió que no se trata solo de costos: detrás de cada decisión técnica está la seguridad de quienes circulan. También preguntó qué ocurrirá con los corredores que no sean rentables.
El debate, sostuvo, no es solo quién paga, sino quién decide y quién garantiza la integración territorial, productiva y social. «Lamentablemente las definiciones del funcionario dejaron más dudas que certezas sobre el futuro de nuestras rutas», concluyó.
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