«Nosotros estamos celebrando 40 años de democracia ininterrumpida este año, pero muchas de nosotras entendemos que la democracia finalmente llegó para las travestis y las trans con la sanción de la ley de identidad de género», dijo la subsecretaria Ponce.
La ley N° 26.743 de identidad de género fue sancionada el 9 de mayo del 2012 y fue la primera en el mundo en no patologizar a las identidades trans. Fue pensada en conjunto por organizaciones de la diversidad sexual y, previo a su sanción, personas del colectivo realizaron amparos ante el Poder Judicial para que reconozca sus identidades como una estrategia de lucha.
La primera mujer trans en acceder al trámite fue la activista tucumana Mariela Muñoz, quien crio a 23 infantes a lo largo de su vida y falleció en 2017 a los 74 años, mientras el primer varón trans en alcanzar la rectificación legal fue Kalym Adrián Soria, trabajador social que actualmente tiene 57 años y accedió a su primer empleo formal gracias a la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans, sancionada en junio de 2021.
Sobre la normativa, Ponce consideró que se trató de «un comienzo y un cambio de paradigma en relación a la presencia del Estado y las identidades travestis y trans, teniendo en cuenta que en algunos lugares hasta el año 2012, hasta la llegada de la Ley de Identidad de Género, se criminalizaba a la identidad travesti trans».
«Hasta el 2008, por ejemplo, era un delito ser travesti trans por los códigos contravencionales en la provincia de Buenos Aires, la más populosa del país. Esa persecución se va vistiendo con otros ropajes, no es que ha dejado de existir. Pero al menos no es un delito», explicó.
Un relevamiento que hizo el Renaper en 2022, a 10 años desde la Ley de de Identidad de Género, registró que desde su aprobación, 12.655 personas modificaron su DNI. De ellas, el 7,6% eran menores de 18 años.
«Esto es muy importante porque la ley establece en el artículo 5to. el derecho que tienen todas las personas, y específicamente las que no hayan alcanzado los 18 años, al derecho a su identidad», dijo Ponce.
La primera niña en acceder a un documento legal que reconozca su identidad sin judicializar el trámite fue Luana, a sus 6 años, en 2013.
El año pasado festejó sus 15 años en la disco emblemática para el colectivo LGBTIQ+ Amérika junto a amigos, familiares y activistas travestis y trans. «Por fin una niña travesti puede celebrar en tiempo y en forma sus 15 años», dijo en su momento la activista travesti Marlene Wayar.
Para dar cumplimiento a la ley de identidad de género, el Poder Ejecutivo nacional emitió el 21 de julio de 2021 el Decreto 476/2021 que establece que el Renaper debe adaptar las características y nomenclaturas de los DNI y los pasaportes incorporando la opción X para salir del esquema binario de «femenino» y «masculino».
«Esta política se encuentra en constante revisión. Se está trabajando desde la Subsecretaria ahora en un curso para empleados/as/es de la administración nacional, provincial y municipal en relación a la efectiva aplicación del documento con la x», dijo Ponce.
Además, aclaró que es necesario «seguir fortaleciendo a los equipos» ya que el Estado «está construido por personas que están llenas de prejuicios, lamentablemente».
A 11 años de la ley de identidad de género, los reclamos más urgentes del colectivo son la aparición de Tehuel de la Torre, el joven trans que fue visto por última vez el 11 de marzo de 2021, y una reparación histórica para las travestis y trans mayores.
Actualmente hay tres proyectos de ley presentados en la Cámara de Diputados de la Nación por parte de las diputadas del Frente de Todos Mónica Macha, Mara Brawer y Gabriela Estévez que buscan una reparación histórica para el colectivo, que equivale a la entrega de una pensión mensual para aquellas mayores de 40 años que hayan vivido violencia institucional.
El colectivo pide la reparación histórica por la persecución policial, el encarcelamiento y las violencias vividas por las personas travestis y trans, tanto durante la última dictadura cívico militar como con el advenimiento de la democracia a través de edictos policiales y códigos contravencionales que criminalizaron sus identidades.
«El Estado tiene que pedir perdón en nombre del Estado por esa persecución que se hizo hacia nosotras», concluyó Ponce sobre la política reparatoria.
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