Vialidad Nacional avanzó con la etapa técnica de un nuevo proceso para transferir al sector privado la operación de más de 3.900 kilómetros de corredores viales. Entre ellos figuran la autopista Rosario-Córdoba y las rutas nacionales 11, 19 y 34
El gobierno nacional dio un nuevo paso en su plan para concesionar la red vial del país. A través de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones (RFC), Vialidad Nacional avanzó con la evaluación técnica de las ofertas para transferir al sector privado la operación, administración y mantenimiento de más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales, varias de ellas con fuerte impacto en Santa Fe.
En el marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional 504-0015-LPU26, 19 de las 20 empresas oferentes superaron la instancia de evaluación técnica y quedaron habilitadas para participar de la apertura de las ofertas económicas, etapa en la que se conocerán las tarifas de peaje propuestas para cada corredor.
La nueva ronda de concesiones comprende los tramos Centro, Mesopotámico, Centro-Norte, Noroeste, Litoral, Noreste, Chaco-Santa Fe y Cuyo, todos considerados estratégicos para el transporte de cargas y la conectividad regional.
Entre las rutas incluidas en esta etapa aparecen varios de los principales ejes viales que atraviesan la provincia y conectan el polo agroindustrial del Gran Rosario con otras regiones del país.
Ruta Nacional 9, en el tramo de la autopista Rosario-Córdoba.
Ruta Nacional 19, sobre la autovía Santo Tomé-San Francisco.
Ruta Nacional 34, entre Rosario, Angélica y La Banda (Santiago del Estero).
Ruta Nacional 11, en el tramo que une Nelson con Resistencia.
Se trata de vías clave para el transporte de granos, insumos industriales y mercaderías que diariamente abastecen los puertos del Gran Rosario y otros centros logísticos del país.
Según informó Vialidad Nacional, el nuevo esquema de concesiones se desarrollará sin subsidios del Estado nacional. Las empresas adjudicatarias tendrán a su cargo la explotación, administración, mantenimiento y conservación de los corredores, mientras que el organismo vial será responsable de fiscalizar el cumplimiento de los contratos mediante un sistema de control por resultados.
El objetivo oficial es reemplazar el esquema administrado durante los últimos años por un modelo de gestión privada financiado principalmente mediante el cobro de peajes, con estándares mínimos de mantenimiento y niveles de servicio definidos en los pliegos.
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