El gobernador anunció que creó un sistema de actuación frente a situaciones de violencia contra la mujer en espacios laborales dentro del Estado santafesino. También envió a la Legislatura la adhesión a la ley nacional que obliga al personal del gobierno a capacitarse
El gobernador Miguel Lifschitz decretó este martes la conformación de un protocolo de actuación para la prevención y atención frente a situaciones de violencia de género en el ámbito laboral. También envió a la Legislatura provincial un proyecto para que Santa Fe adhiera a la Ley Micaela, que tiene como objetivo capacitar y sensibilizar en la materia a quienes integran los diferentes estamentos del Estado. “El Estado debe ofrecer a los funcionarios y agentes públicos herramientas ágiles y eficaces para afrontar situaciones de violencia acaecidas dentro de su ámbito laboral y lograr el cese inmediato de tales sucesos, profundizando a su vez la prevención, difusión y capacitación en todo lo atinente a esta problemática”, señala el decreto firmado por Lifschitz. Tal como publicó El Ciudadano, la provincia había adelantado que estaba en tratativas para implementar un protocolo de este tipo que ya está en funcionamiento en la Municipalidad y la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
A mitad de diciembre la aprobación de la llamada Ley Micaela establece que la capacitación en la temática de género y violencia contra las mujeres sea obligatoria para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los tres poderes. “Las máximas autoridades de los organismos son responsables de garantizar la implementación de las capacitaciones”, señala el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo provincial e instaron a todos los municipios y comunas de la provincia a sumarse. “Estamos poniendo al gobierno provincial en línea con la legislación y criterios más avanzados en materia de prevención de la violencia y el abuso contra las mujeres”, afirmó el gobernador Lifschitz.
El proyecto enviado por el gobernador establece un protocolo de acción, por el cual la persona afectada por una situación de violencia de género recibirá asesoramiento legal y asistencia integral en forma gratuita en todo el territorio provincial. En el caso de que lo requiera expresamente debe ser oída personalmente por parte de la autoridad administrativa correspondiente. La persona será acompañada y contenida en todo trámite posterior a la consulta, petición, presentación o denuncia. También, siempre según explicaron desde la Casa Gris, le garantizarán la participación en el procedimiento y la información sobre el estado y avance del trámite.
El protocolo se aplicará a los agentes públicos, el personal y las autoridades superiores de las entidades autárquicas, personal docente, policial y penitenciario, y autoridades superiores y personal de gabinete. “Se traducirá en una herramienta para promover un ámbito de trabajo libre de violencia, acoso sexual y discriminación basada en el género, orientación sexual, identidad de género o expresión de género y fomentando la protección integral de los derechos humanos, la prevención y la sensibilización en materia de igualdad y equidad de género”, establece el proyecto.
La Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos será la jurisdicción encargada de la recepción y trámite de las denuncias, peticiones, presentaciones o consultas vinculadas con situaciones de violencia de género contra funcionarios o empleados públicos provinciales en caso de aprobarse la ley.
Las personas que se consideren afectadas o que sean testigos directos de situaciones de discriminación o violencia de género podrán consultar y pedir asesoramiento. “La intervención se iniciará a partir de la recepción de dichas denuncias, y si las circunstancias del caso lo ameritan y la persona afectada desea realizar una denuncia formal, se deberán seguir los mecanismos establecidos por el procedimiento disciplinario previsto en la legislación vigente”, explicaron desde la provincia.
En diciembre el secretario de Producciones, Industrias y Espacios Culturales del Ministerio de Innovación y Cultura, Pedro Cantini renunció a su cargo después de una serie de denuncias por violencia de género. A nivel local, el pastor evangelista y concejal Eduardo Trasante de Ciudad Futura también dejó voluntariamente su banca después de una denuncia interna de acoso dentro del partido.
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