Lifschitz pule otros cambios

La semana próxima, el gobernador Miguel Lifschitz firmará el decreto con cambios en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura para acelerar el nombramiento de jueces, fiscales y defensores. Hay más de 200 vacantes en la Justicia y el nombramiento de cada funcionario, con el sistema actual, lleva dos años en promedio.

“Tenemos estimado que en una semana el gobernador va a dictar el decreto”, confirmó ayer el ministro de Justicia de la provincia Ricardo Silberstein. La necesidad de reformar los mecanismos establecidos en 2008 se explica sola: en el Poder Judicial se producen más rápido las vacantes que los nombramientos.

Sistema de selección

Tal como adelantó este diario a principios de marzo, para acortar los plazos habrá cambios en el sistema de selección de postulantes. De los tres jurados que participan –uno de preselección de antecedentes, otro de pruebas de oposición y el tercero a cargo de las entrevistas–, quedará uno solo que se ocupará de los tres pasos. Se apunta a formar jurados “con una visión uniforme y un mecanismo transparente”, según Silberstein.

Otro cambio previsto es la participación de jueces, abogados y docentes universitarios jubilados como jurados en el proceso de selección.

“Tienen enorme experiencia; es gente que está plena y además dispone de tiempo. Uno de los problemas que había para poder conformar el Consejo de la Magistratura era la falta de tiempo de los jueces y abogados en funciones”, indicó el titular de la cartera de Justicia. El Consejo de la Magistratura funciona en la provincia desde 2008, cuando el ex gobernador Hermes Binner firmó el decreto de autolimitación del Poder Ejecutivo en la designación de magistrados y funcionarios judiciales. La reforma que promueven Lifschitz y Silberstein también se hará por decreto.

Opción de “oferta razonable”

Como parte de la reforma en el Código Civil, otro de los proyectos de ley que la provincia envió a la Legislatura crea la figura de oferta razonable, dentro del sistema de mediación judicial.

“Se incorpora una figura novedosa en la Argentina: la oferta razonable. El Poder Judicial, y es un orgullo del país, es público, es gratuito y es independiente, pero tampoco puede haber un abuso en el Poder Judicial cuando exista una oferta razonable. No tiene sentido que se acceda y se haga un desgaste jurisdiccional inútil”, señaló el ministro de Justicia, Ricardo Silberstein.

En este sentido, el funcionario indicó que con la incorporación de “la oferta razonable”, quien no acepte esta propuesta tras concurrir al poder jurisdiccional “va a cargar con las costas por haber hecho un uso indebido de ese poder jurisdiccional”.

Decomiso y plazos

Entre los proyectos de reforma judicial presentados por la provincia está la ley de Decomiso y otro que apunta a simplificar el procedimiento de declaratoria de pobreza. “La ley de Decomiso posiblemente sea de las primeras provincias en la Argentina en instrumentarla”, se entusiasmó el ministro de Justicia,­ Ricardo Silberstein, anticipándose al debate legislativo. El mismo tema se discute desde hace años en el Congreso nacional, pero aún no se ha sancionado ninguno de los proyectos presentados.

Silberstein explicó que la ley de Decomiso “consiste en la posibilidad de confiscar los bienes utilizados para la producción de un delito o también la posibilidad de decomisar aquellos bienes adquiridos con los frutos de un delito”.

Sobre la declaratoria de pobreza, dijo: “Este es un instituto que, por un lado, permite a las personas más vulnerables acceder a la Justicia. Por otro lado, facilita la tarea de los magistrados, no cargándolos con tareas innecesarias y funciones ya que deben contar con tiempo para resolver los problemas que la sociedad exige que resuelvan”.