Economía ya contrató calificadoras y estudios jurídicos. Sólo para obras.
Miguel Lifschitz reveló ayer que la provincia buscará emitir 500 millones de dólares en títulos exclusivamente destinados a financiar obras de infraestructura.
Este diario había informado que la emisión era parte de los planes de la Casa Gris, pero hasta ahora no había trascendido el monto. Lifschitz lo explicitó ayer en el Senado de la Nación, adonde llevó el respaldo de su gobierno a la ley que habilita el pago a los fondos buitre. Según el gobernador, “el proyecto no deja contento a nadie” pero “tendrá efectos positivos aunque no mágicos, como algunos suponen. No creo que haya cambios inmediatos, pero sí que se abre una perspectiva distinta para acceder a financiamiento”.
Más tarde, el ministro de Economía, Gonzalo Saglione, le confirmó a El Ciudadano que espera emitir un piso de 300 millones de dólares y un techo de 500 a mediados de año.
Para lograrlo, ya contrató a dos calificadoras de riesgo, Moody’s y FIT, con doble objetivo: emitirán la calificación a escala global del emisor (la provincia) y de la herramienta de emisión (el bono en particular).
Al mismo tiempo, contrató los estudios jurídicos que están redactando los prospectos de emisión, donde se detallan condiciones y reglas de la colocación.
El ministro de Economía y el secretario de Hacienda estuvieron los últimos días de febrero en la Conferencia Anual Corporativa Mercados Emergentes Globales de JP Morgan (también hubo representantes de Córdoba, Buenos Aires, CABA y gobierno nacional), en Miami, donde mostraron números de Santa Fe, su calificación de deuda y la curva de pagos. La provincia es una ilustre desconocida en esos ámbitos, ya que nunca colocó deuda por considerar que era muy cara, a diferencia de otras jurisdicciones subnacionales.
Una vez que tenga prospectos y calificaciones, en abril el Ejecutivo golpeará las puertas de la Legislatura para que autorice la emisión de deuda. El trámite está atado a una instancia política previa, que es acordar el listado de obras de infraestructura a financiar, en la que tallan fuerte los senadores, por un lado porque esa cámara la controla la oposición, pero por el otro porque cada uno pugna por favorecer a sus territorios.
La provincia tiene una autorización vigente heredada de la gestión Bonfatti por 2.200 millones de pesos que nunca usó. Hoy esa cifra quedó desfasada (equivale a 146 millones de dólares).
Con otro escenario económico y una composición política distinta en la Legislatura, el actual gobierno buscará revisar a la suba la cifra y negociar un nuevo listado de prioridades.
Saglione aclaró que cualquier emisión argentina en el mercado de capitales doblará las tasas de interés que cobran organismos multilaterales, en el orden del 7,5 a 8 por ciento.
Un porcentaje alto en relación a lo que está acostumbrada Santa Fe: 3 por ciento por 100 millones de dólares del Fondo de Kuwait y 5 por 50 millones de la Ofid, ambos para el acueducto Reconquista. Ahora negocia 100 millones con el mismo fondo para terminar el acueducto Desvío Arijón por el que espera pagar no más de esa tasa.
“Lamentablemente, Santa Fe no puede perforar el riesgo soberano por más que sus cuentas sean prolijas”, explicó Saglione, quien justificó la decisión de recurrir al mercado de capitales porque “se puede avanzar más rápido” y conseguir montos más importantes que con los organismos multilaterales, “cuyas condiciones son más ventajosas, pero como se hace análisis de financiamiento proyecto por proyecto, insume otros tiempos”.
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